The Spanish Ministry of Foreign Affairs has opted for silence after Gibraltar's government defied Spain by stating that the Eastside urban development project will proceed, even though it encroaches upon Spanish waters. While Spain has repeatedly protested the project, stating that it violates international and environmental laws, the UK continues to support Gibraltar.
Spain has formally communicated its concerns to the European Commission and the British government. The European Commission could potentially bring the matter to the European Court of Justice, while the UK could halt the project. However, the UK's support for Gibraltar and the ongoing negotiations for a new treaty post-Brexit have prevented such actions. The British government maintains that the project is legal within their territorial waters.
The secrecy surrounding negotiations between Spain and the UK is raising concerns among the Spanish opposition. The Spanish Foreign Minister faced criticism in the Senate regarding the lack of transparency and the apparent lack of progress on the Gibraltar treaty, five years after Brexit. While both governments claim negotiations are ongoing, the lack of public information fosters mistrust.
El Ministerio de Asuntos Exteriores español opta por guardar silencio después de que el Gobierno de Gibraltar le desafiara este miércoles asegurando que llevará hasta el final el megaproyecto urbanístico Eastside que invade aguas españolas. «Hemos dicho lo que teníamos que decir», subrayaron fuentes ... de esta cartera a ABC, renunciando a seguir inflamando el ambiente en un momento en el que España y Reino Unido aseguran seguir buscando resolver la negociación para el nuevo Tratado del Peñón tras el Brexit.
Este martes, tras conocerse que la Administración de Fabián Picardo había autorizado una nueva expansión del megaproyecto, fuentes oficiales de Exteriores señalaron a ABC que «España ha venido protestando reiteradamente por las acciones de relleno y modificación de la costa que Gibraltar realiza en aguas territoriales españolas, cada vez que estas se han producido, y lo seguirá haciendo. Estas protestas se han realizado por escrito en numerosas ocasiones». Además, subrayaron que esos rellenos «son contrarios al derecho internacional, además de implicar una vulneración de las normas españolas y europeas de protección del medio ambiente». En esta línea, aseguraron también que el Ministerio «ha trasladado la urgencia que reviste adoptar medidas sobre este tema, desde hace semanas, a las instituciones competentes».
Estas instituciones son la Comisión Europea y el Gobierno británico. La primera porque una vez que recibe la comunicación de España de que se ha producido una invasión de su soberanía tiene la potestad de llevar el conflicto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo) si considera que tiene base y es oportuno. El segundo porque puede ordenar a Gibraltar que no conceda ninguna autorización de ampliación a Eastside. Pero Londres no solo respalda a Gibraltar en los rellenos sino que pese a lo delicado del momento por las negociaciones del nuevo Tratado ni siquiera ha considerado oportuno dar la orden de pausarlos hasta que concluyan las negociaciones, para no arriesgarse a enturbiarlas.
Ese tacto sí lo han tenido en el pasado otros gobiernos británicos cuando la relación entre Londres y Madrid atravesaba algún momento importante, pero no el Ejecutivo de Keir Starmer pese a ser de la misma familia política que Pedro Sánchez y haberle demostrado éste su interés en tejer una buena relación. «El Reino Unido tiene soberanía sobre todo Gibraltar, incluyendo las Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar, y rechaza cualquier afirmación de que el Proyecto Eastside se esté llevando a cabo de manera ilegal en aguas españolas», señaló este miércoles un portavoz del Ministerio británico de Asuntos Exteriores a ABC.
Aunque tanto el gobierno británico como el español insisten en que los contactos para el nuevo Tratado siguen pero no se comunican por discreción, el hermetismo es tan elevado que hace desconfiar a la oposición española.
El pasado 11 de marzo el ministro José Manuel Albares tuvo que aguantar las críticas del PP en el Pleno del Senado precisamente por este motivo. «De Gibraltar, ninguna explicación. No sabemos cuáles son los objetivos que se ha marcado España en esa negociación y, en realidad, señor Albares, cinco años después de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea todavía no se ha cerrado un acuerdo sobre Gibraltar. Y lo peor es que no se ve que la solución esté próxima. ¿Para cuándo, ministro?», le apretó la senadora Pilar Rojo Noguera. «Degrada la política exterior que se nieguen a aceptar ni un solo acuerdo de Estado, y les he propuesto varios. (...) Sobre Gibraltar —hoy ha vuelto a hacer usted gala de ello—», se limitó a responder el ministro sin contestar a las preguntas.
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