Este martes, tras conocerse que la Administración de Fabián Picardo había autorizado una nueva expansión del megaproyecto, fuentes oficiales de Exteriores señalaron a ABC que «España ha venido protestando reiteradamente por las acciones de relleno y modificación de la costa que Gibraltar realiza en aguas territoriales españolas, cada vez que estas se han producido, y lo seguirá haciendo. Estas protestas se han realizado por escrito en numerosas ocasiones». Además, subrayaron que esos rellenos «son contrarios al derecho internacional, además de implicar una vulneración de las normas españolas y europeas de protección del medio ambiente». En esta línea, aseguraron también que el Ministerio «ha trasladado la urgencia que reviste adoptar medidas sobre este tema, desde hace semanas, a las instituciones competentes».

Estas instituciones son la Comisión Europea y el Gobierno británico. La primera porque una vez que recibe la comunicación de España de que se ha producido una invasión de su soberanía tiene la potestad de llevar el conflicto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo) si considera que tiene base y es oportuno. El segundo porque puede ordenar a Gibraltar que no conceda ninguna autorización de ampliación a Eastside. Pero Londres no solo respalda a Gibraltar en los rellenos sino que pese a lo delicado del momento por las negociaciones del nuevo Tratado ni siquiera ha considerado oportuno dar la orden de pausarlos hasta que concluyan las negociaciones, para no arriesgarse a enturbiarlas.

Ese tacto sí lo han tenido en el pasado otros gobiernos británicos cuando la relación entre Londres y Madrid atravesaba algún momento importante, pero no el Ejecutivo de Keir Starmer pese a ser de la misma familia política que Pedro Sánchez y haberle demostrado éste su interés en tejer una buena relación. «El Reino Unido tiene soberanía sobre todo Gibraltar, incluyendo las Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar, y rechaza cualquier afirmación de que el Proyecto Eastside se esté llevando a cabo de manera ilegal en aguas españolas», señaló este miércoles un portavoz del Ministerio británico de Asuntos Exteriores a ABC.

Hermetismo o bloqueo

Aunque tanto el gobierno británico como el español insisten en que los contactos para el nuevo Tratado siguen pero no se comunican por discreción, el hermetismo es tan elevado que hace desconfiar a la oposición española.

El pasado 11 de marzo el ministro José Manuel Albares tuvo que aguantar las críticas del PP en el Pleno del Senado precisamente por este motivo. «De Gibraltar, ninguna explicación. No sabemos cuáles son los objetivos que se ha marcado España en esa negociación y, en realidad, señor Albares, cinco años después de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea todavía no se ha cerrado un acuerdo sobre Gibraltar. Y lo peor es que no se ve que la solución esté próxima. ¿Para cuándo, ministro?», le apretó la senadora Pilar Rojo Noguera. «Degrada la política exterior que se nieguen a aceptar ni un solo acuerdo de Estado, y les he propuesto varios. (...) Sobre Gibraltar —hoy ha vuelto a hacer usted gala de ello—», se limitó a responder el ministro sin contestar a las preguntas.