El caso es que después de esa fecha se ha experimentado el efecto contrario, «un parón», que se espera sea temporal, mientras los letrados preparan los trámites de la conciliación. Entre otros asuntos, afecta a los procedimientos de familia y divorcios. «Si no aclaran que han intentado la mediación, se les puede inadmitir a trámite», advierte Uriarte.

«Deprisa y corriendo»

Este nuevo requisito ha sido recibido con cierta incertidumbre en los juzgados. El objetivo pasa por reducir el atasco y que entren solo las demandas que las partes no pueden resolver por sí mismas, aunque se da por hecho que en un primer momento lo que va a provocar son retrasos en los procedimientos.

«En la jurisdicción social ya se aplica, pero no sé si se ha pensado en la infraestructura necesaria. Los colegios de abogados están montando servicios de mediación deprisa y corriendo. ¿No habría que haberlo preparado antes?», se preguntaba Luis Ángel Garrido, presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en una entrevista publicada por este periódico el pasado domingo. «Con el tiempo puede llegar a funcionar, pero ahora mismo habrá problemas, sobre todo para pleitos de escasa entidad. ¿Te vas a complicar, por ejemplo por una deuda de telefonía de 100 euros?», señalaba Garrido.

En Euskadi, la litigiosidad es de las más bajas del país, con 123,49 asuntos por cada 1.000 habitantes, sólo por encima de La Rioja. Y eso que en 2024 aumentó el número de demandas en los órganos judiciales vascos un 20,5% con respecto al año anterior. En los juzgados de lo Penal entraron 108.800 asuntos, un 8% más; mientras que en la jurisdicción civil las cifras fueron de 132.859 (39,2 %).

Por su parte, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) pide al Ministerio y al Departamento de Justicia que «se mantengan los servicios de ejecución en la implantación del nuevo modelo de oficina judicial». Según esta asociación, la consejería pretende «eliminarlos en los tribunales de instancia», lo que generaría «retrasos en actuaciones tan importantes como pago de pensiones, subastas judiciales o embargos». Pronostican, además, que los ciudadanos terminarán «pagando a profesionales externos para que se cumplan sus sentencias».

La medida se aplicará por etapas: en julio llegará a los pueblos pequeños de Bizkaia; en octubre, a Barakaldo, San Sebastián y Vitoria y en diciembre, a Bilbao.