El Yamaguchi-gumi, la mayor organización mafiosa de Japón, informó formalmente a la policía de su voluntad de cerrar una etapa de sangrientos enfrentamientos internos que dura ya una década. En una carta enviada el lunes 7 de abril, los líderes del grupo yakuza se comprometen a cesar las hostilidades con las facciones que se escindieron en los últimos años, aunque las autoridades niponas reciben el anuncio con cautela.

Fundado en 1915 en la ciudad portuaria de Kobe, el Yamaguchi-gumi llegó a contar con más de 20.000 miembros en sus años de máximo apogeo, convirtiéndose no solo en el grupo yakuza más influyente del país, sino también en uno de los más temidos del planeta. Aunque su poder ha menguado drásticamente en las últimas décadas debido a una creciente presión legislativa y policial, sigue teniendo una presencia significativa en el archipiélago: en 2023, contaba aún con unos 3.300 miembros activos y otros 3.600 afiliados.

La organización nació como una asociación de estibadores y fue evolucionando hacia el crimen organizado, extendiendo su influencia durante el caos del Japón de posguerra, especialmente bajo el liderazgo de Kazuo Taoka entre 1946 y 1981. En esa etapa, los yakuzas eran vistos casi como un mal menor: mantenían cierto orden en las calles mientras expandían sus redes de extorsión, juego ilegal, prostitución y tráfico de drogas, invirtiendo también en sectores legales como el inmobiliario para lavar dinero.

La organización nació como una asociación de estibadores y fue evolucionando hacia el crimen organizado

Sin embargo, la tolerancia social y política hacia los grupos yakuza comenzó a desaparecer a partir de los años 80. Entre 1984 y 1989, el Yamaguchi-gumi vivió una guerra interna especialmente violenta. A raíz de estos episodios, el gobierno endureció la legislación contra el crimen organizado, aprobando leyes que limitaban su financiación, restringían sus actividades y estigmatizaban públicamente su pertenencia.

Una década de violencia

En 2015, una nueva fractura sacudió al grupo con la escisión del Kobe Yamaguchi-gumi, dando pie a una guerra abierta entre ambas facciones. Desde entonces, Japón ha vivido una ola de violencia vinculada a esta lucha por el poder: ataques con vehículos, tiroteos y amenazas entre bandas rivales. Las autoridades respondieron intensificando la vigilancia y limitando sus movimientos, por ejemplo, restringiendo el uso de oficinas o prohibiendo reuniones en lugares públicos.

Precisamente, el Tribunal de Distrito de Kobe ordenó hace pocos días el embargo de la residencia de Kunio Inoue, líder del clan Kobe de Yamaguchi-gumi. La medida, confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Osaka, responde a una deuda de 270 millones de yenes (unos 1,6 millones de euros) con una empresa afectada por un turbio préstamo.

La propiedad, ubicada en el exclusivo distrito de Kita, quedó formalmente embargada en enero y podría ser subastada próximamente. Los abogados de Inoue han recurrido al Tribunal Supremo en un último intento por frenar el desalojo, pero si la sentencia se confirma, el capo mafioso perderá su lujosa residencia.

Este caso ejemplifica la ofensiva legal contra los yakuza, que en los últimos años ha intensificado el asfixiante control sobre sus finanzas. Las autoridades japonesas están aplicando una estrategia de ahogo económico contra estos clanes, embargando propiedades y bloqueando cuentas para debilitar sus estructuras.

En caída libre

En este contexto, el gesto del Yamaguchi-gumi podría entenderse como un intento de frenar su declive. Aunque todavía no ha habido respuesta oficial por parte del grupo disidente, el anuncio podría suponer el inicio del fin de una etapa especialmente violenta en la historia reciente del crimen organizado japonés.

La policía, por su parte, ha acogido con escepticismo la declaración y mantiene una vigilancia estrecha sobre los movimientos de los distintos clanes. Una tregua formal entre las facciones supondría un respiro para las fuerzas de seguridad y un cambio de rumbo en la larga historia de los yakuzas en Japón.

Pero esta guerra no ha tenido vencedores. Según datos publicados este mes por la Agencia Nacional de Policía (NPA, por sus siglas en inglés), el número de miembros de la yakuza descendió a 18.800 a finales de 2024, su nivel más bajo desde que se tienen registros (1958), y marca ya 20 años consecutivos de caída. Por primera vez, tanto los miembros formales como los asociados no afiliados han caído por debajo de la barrera simbólica de los 10.000.

Por grupos, el Yamaguchi-gumi, con sede en Kobe, se mantiene como el clan más grande con 6.900 miembros, seguido por el Sumiyoshi-kai (3.200) y el Inagawa-kai (2.800), ambos en Tokio. En su época de máximo apogeo, en 1963, el crimen organizado japonés llegó a contar con más de 184.000 miembros.

Las neo-yakuza

Mientras las grandes mafias tradicionales como el Yamaguchi-gumi pierden terreno y miembros a un ritmo histórico, las autoridades japonesas detectan un auge preocupante de las bandas criminales ad hoc, conocidas como tokuryu, que operan desde el anonimato y con nuevas tácticas digitales. La vieja guardia desaparece lentamente por el efecto combinado de la presión legal, la estigmatización social y el envejecimiento de sus líderes, estas nuevas formas de criminalidad están ganando fuerza.

Las autoridades detectan un auge de las bandas criminales ad hoc, conocidas como tokuryu: desde el anonimato y con tácticas digitales

Grupos sin jerarquías claras, sin vínculos tradicionales, que reclutan en redes sociales y cometen delitos desde el anonimato digital. En 2024, más de 10.100 miembros de estos grupos fueron arrestados por actividades delictivas destinadas a obtener beneficios económicos —una cifra superior a la de arrestos entre yakuzas tradicionales, que sumaron 8.249—. Entre los delitos más frecuentes están la venta de cuentas bancarias para el lavado de dinero, estafas online, robos violentos, tráfico de drogas y fraudes amorosos o inmobiliarios.

Las tokuryu se organizan muchas veces a través de ofertas de empleo ilegales conocidas como yamibaito, empleos oscuros que prometen grandes beneficios a cambio de participar en actividades ilícitas. Según la NPA, alrededor del 40% de los arrestados fueron reclutados de este modo. Pese a la magnitud de las operaciones, solo un 10% de los arrestos corresponde a cabecillas o instigadores.

Según datos de la Agencia Nacional de Policía de Japón, de los 5.203 arrestos registrados por crímenes relacionados con la obtención de beneficios económicos, la mayoría correspondieron a fraudes, que ocupan el segmento más amplio del gráfico circular. A los fraudes le siguen los robos, delitos relacionados con drogas y hurtos, mientras que un porcentaje menor está vinculado a infracciones de la Ley de Negocios de Entretenimiento, que regula establecimientos como clubes nocturnos o locales de ocio.

Aunque las autoridades consideran que se trata de fenómenos distintos, las fronteras entre la yakuza tradicional y las tokuryu empiezan a desdibujarse. En algunos casos, mafias consolidadas estarían utilizando estos grupos como pantalla o colaborando directamente con ellos. "La realidad es que muchas veces actúan juntos y se reparten los beneficios", reconoció Yoshinobu Kusunoki, director general de la NPA, en una rueda de prensa el pasado 3 de abril.