Toyiba tenía 18 años cuando se apuntó al registro de vivienda porque una amiga le habló de ello. Josu, de 44 años, lo hizo tras separarse, buscando un sitio donde empezar de nuevo. Hoy ambos tienen algo que muchos en Barcelona solo pueden soñar: un piso de alquiler asequible. Mientras el mercado exprime y expulsa, la vivienda de protección oficial se ha convertido en una de las pocas vías reales para quienes no llegan a los precios del mercado.

En 2019, Toyiba, que ahora tiene 24 años, se enteró de que Promusa, una empresa encargada de gestionar pisos de protección oficial, ofrecía una oportunidad para jóvenes. Decidió inscribirse en el registro de solicitantes, pero no fue hasta diciembre de 2022 cuando se celebró el sorteo: primero el de jóvenes y luego el general. "Me apunté a los dos, por si acaso. Luego ya veríamos si cumplía los requisitos", explica. La seleccionaron en los dos, aunque finalmente solo pasó los filtros económicos para el de jóvenes. "Me descartaron del general porque no llegaba al mínimo de ingresos", señala. En aquel momento trabajaba solo los fines de semana y no superaba el umbral de 24.000 euros brutos anuales.

Josu, por su parte, se inscribió en plena separación de su pareja. "A ver quién se queda el piso", pensó. "Me apunté y me dieron el expediente. Justo después salió este piso en el Raval y me inscribí, fue el primero, tuve mucha suerte", recuerda. A pesar de quedar en lista de reserva, el viento sopló a su favor: "Parece que echaron a dos que estaban por delante por temas fiscales y me llamaron a mí. Me ofrecieron un ático de la calle Robadors".

En España, la vivienda pública representa sólo el 2,5% del parque residencial, muy por debajo de la media europea del 9%. Sin embargo, algunas comunidades avanzan: Madrid lidera en construcción de viviendas protegidas, Euskadi destaca por su modelo de alquiler público y derecho a la vivienda; y Cataluña mantiene sus esfuerzos, aunque enfrenta limitaciones de suelo y alta demanda, haciéndose evidente en Barcelona.

Un sorteo público e informatizado

Las convocatorias ofrecen tres tipos de vivienda de protección oficial (VPO). El alquiler social, para personas en situación vulnerable con rentas muy bajas; el alquiler asequible, dirigido a quienes tienen ingresos medios y no pueden acceder al mercado libre; y el derecho de superficie, que permite vivir en una vivienda sobre suelo público cedido a largo plazo (hasta 75 años), ideal para quienes buscan estabilidad sin comprar.

Cada una cuenta con criterios adaptados a colectivos específicos. Existen promociones destinadas a jóvenes, personas mayores o a alquiler social, y cada cupo se adjudica mediante sorteo público e informatizado. "Se hace con un generador de números aleatorios desarrollado por el Colegio de Notarios", detalla Riera.

Recientemente se ha sorteado un paquete de 238 pisos en las Glorias, la mayor promoción de vivienda pública de Barcelona hasta la fecha, con 11.243 inscritos. Los primeros vecinos podrán mudarse este verano, una vez se formalicen los contratos de alquiler asequible y social. Además, también está en marcha el proceso de adjudicación de 234 pisos en la Marina del Prat Vermell, en la Isla Acero, que entregarán en otoño. "La ciudad necesita suelo para 10.000 viviendas más en el próximo mandato", certifica el Comisionado de Vivienda del Ayuntamiento, Joan Ramon Riera.

En una ciudad tensionada por la falta de oferta habitacional, la administración se esfuerza por cambiar la percepción de su papel en el acceso a la vivienda. "La gente cree que el Ayuntamiento no puede ofrecer vivienda, pero eso está cambiando. Hay que hacer pedagogía: los ciudadanos deben inscribirse en el registro de solicitantes de vivienda protegida", recomienda. El objetivo es ambicioso: entregar 3.000 nuevas llaves y tener 5.000 viviendas en fase de construcción o proyecto. Pero la clave, según Riera, está en acelerar la creación de superficie: "Estamos dando mucha prioridad a producir suelo".

En cuanto a la oferta de vivienda privada en portales inmobiliarios, según datos municipales, ha caído en picado: de 85 inmuebles disponibles en 2022 a apenas 24 o 26 en la actualidad. En muchos barrios, conseguir piso es casi una cuestión de redes informales, más cercana al boca-oreja que a una búsqueda digital.

"Un portal parece una subasta de pescado, ponen un precio y a partir de aquí empiezan a rebajar hasta que se crea la oferta y la demanda", afirma Riera. Además, anima a los jóvenes a estar apuntados al registro de solicitantes. "Para ellos es absolutamente estratégico, sobre todo en los momentos que corren. El mercado inmobiliario no tiene oferta, y esto lo sabe todo el mundo", asevera.

Reformar el 30% de vivienda protegida que no funciona

Una de las medidas más controvertidas de los últimos años ha sido la obligación de destinar el 30% de nuevas promociones privadas a vivienda protegida. Esta acción pretende equilibrar el mercado de la vivienda, limitando los precios y favoreciendo a aquellos que no pueden acceder a viviendas del mercado libre. "Ha generado solo 25 o 26 viviendas en toda la ciudad. Es muy poco", reconoce el comisionado.

"Es una medida que seguramente estuvo muy bien intencionada pero se ha demostrado que no ha sido eficaz. No ha generado vivienda protegida en la ciudad". Por ello, desde el consistorio se plantea una reforma para flexibilizar su aplicación: permitir que ese 30% no tenga que estar en el mismo edificio, sino en el mismo barrio o zonas próximas. "El concepto es bueno, pero la ejecución ha sido demasiado rígida", añade.

Riera sostiene que "hace meses" que reivindican la necesidad de reformarla. "Espero que algún día haya una fumata blanca, porque por nuestra parte, sí: queremos llegar a un acuerdo este año". La voluntad municipal es clara: construir un sistema público de vivienda. "Una democracia que no puede garantizar médico, maestro y techo, no devuelve socialmente a su ciudadanía", concluye.

Una espera que merece la pena

Mientras tanto, los afortunados que han podido acceder a este tipo de vivienda cuentan con unas condiciones ostensiblemente mejores que los inquilinos del sector privado. Tanto Toyiba como Josu pagan 350 euros mensuales por su vivienda. En el caso de Toyiba su contrato está limitado a un máximo de 7 años. "Llevo un año ya, me quedan seis", comenta. Vive sola en un piso adaptado para una sola persona, que eligió entre los disponibles según su posición en la lista. En caso de ser adjudicataria de un piso de la promoción general, la cláusula es de 15 años y con opción a compra.

Para Josu, el camino está siendo algo más tortuoso. Firmó por 25 años, pero todavía no ha podido mudarse. "Ha habido un problema de obra, vino el Ayuntamiento y detectaron un problema de saneamiento", manifiesta. En abril recibió una carta informando de un "vicio oculto" que afectaba al conjunto de la finca, un proceso que requiere cuatro meses de reparación. 

"En cuanto estemos en disposición de reanudar la adjudicación a su favor, contactaremos con usted con tiempo suficiente para su organización", finaliza la hoja. Una espera que Josu está manteniendo mientras comparte piso con un compañero de trabajo y que, en cualquier caso, merece la pena dadas las circunstancias. 

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