Marco Tulio Cicerón, tribuno y hombre de leyes, pronunció su famosa catilinaria para denunciar las maquinaciones de Catilina para hacerse con el poder absoluto arrebatándoselo al pueblo romano. El juez Peinado no llega a esos extremos, pero trata de aportar su granito de arena para desgastar al presidente del Gobierno. Vayamos a los hechos.

En octubre de 2020, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) otorgó la Cátedra de Transformación Social Competitiva y un máster del mismo título a Begoña Gómez Fernández, esposa del presidente del Gobierno, acogiéndose al reglamento de fecha 15 de diciembre de 2015, por el que se aprueba la creación de cátedras extraordinarias y otras formas de colaboración entre la Universidad Complutense de Madrid y las empresas. Desde hacía muchos años, Begoña Gómez, que posee el título de bachiller, se había dedicado a actividades relacionadas con la mercadotecnia, dirección comercial y marketing y maestría en administración de negocios. La designación se realizó según lo previsto en el artículo 13.2 que autoriza al rector, excepcionalmente y por causas justificadas, a designar como director/a de la cátedra a alguien sin vinculación laboral con la universidad y sin necesidad de licenciatura universitaria. En estos casos se designará un/a co-director/a con vinculación laboral con la UCM que estará sometido al mismo régimen que el/la director/a. Los patrocinadores fueron la Fundación La Caixa y Reale Seguros, con una aportación inicial de Telefónica.

Desde octubre de 2020 hasta abril de 2024, la Cátedra funcionó con normalidad y sin incidencias corporativas. Sorpresivamente, el 16 de abril de 2024, el juez Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, abrió las diligencias previas 1146/2024 en virtud de unos recortes de prensa presentados por el “prestigioso instituto jurídico” conocido como Manos Limpias, por los posibles delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. La querella incurría en un clamoroso fraude de ley, ya que no reunía los requisitos exigidos por el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si la decisión de admitir la querella con estos mimbres se plantea en una facultad de Derecho y el alumno concluye que se debe admitir a trámite, tendría serios problemas para ser aprobado. El juez Peinado, que asumió, al tomar posesión de su cargo, la obligación de hacer cumplir el ordenamiento jurídico, parece que se olvidó de su juramento o promesa.

A partir de este momento, se desencadena una cascada de irregularidades que es difícil de superar. La ley impone a los jueces el deber de practicar las diligencias de investigación con la debida celeridad y concreción, salvo circunstancias extraordinarias. Para investigar los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias, ya ha traspasado el lapso de un año y tiene pendiente para este mes de mayo la declaración de numerosos testigos que nada nuevo pueden aportar a lo que ya es sabido y notorio. Para justificar su demora, ha introducido unos nuevos delitos de malversación de caudales públicos e intrusismo y ha entrado de lleno en la investigación del rescate de una aerolínea cuya legalidad ha sido avalada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Es imposible encontrar en los anales de las investigaciones judiciales un cúmulo tal de excentricidades y anomalías procesales con el único objetivo de alimentar la confrontación y el debate político, sin tener en cuenta el daño institucional que está ocasionando. Si no fuera porque lo que está sucediendo es muy grave, el esperpento Peinado podría servir como guion de una película de Berlanga o de los hermanos Marx. Para describir todas las extravagancias que ha protagonizado necesitaríamos un fascículo que excedería la extensión que debe tener un artículo periodístico. Selecciono algunas.

La más surrealista es el desdoblamiento de la personalidad de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y esposo de Begoña Gómez. Como presidente del Gobierno tiene derecho a declarar por escrito, lo que se le ha negado sin motivación alguna, y como esposo de Begoña Gómez tendría que haber ido a la Plaza de Castilla. Pero Peinado optó por pasar a la historia entrando en el Palacio de la Moncloa, sede del Poder Ejecutivo, con el aplauso entusiástico del coro mediático que sueña con su dimisión. Cualquier persona medianamente sensata, al conocer la noticia de que un juez de instrucción entra en el recinto del complejo presidencial, piensa que algo muy grave se está investigando.

La noticia, como es lógico, tuvo repercusión en los medios de otros países que no conocían los entresijos de tan arbitraria, desproporcionada e ilegal decisión. En un alarde de desprecio a sus deberes jurisdiccionales, tomó tan grave decisión para averiguar si Pedro Sánchez era el esposo de Begoña Gómez. Una vez cumplidos los trámites de control y entrada en la Presidencia del Gobierno, le preguntó si era el esposo de Begoña Gómez, lo que era notorio y evidente. La diligencia duró dos minutos porque, al contestar afirmativamente, se acogió a su derecho a no declarar. Menos mal que no le ordenó salir para que buscase y presentase el certificado de matrimonio.

Le recuerdo, señor Peinado, que la exposición de motivos de nuestra ley procesal penal vigente, redactada por Alonso Martínez, recomienda a los jueces de instrucción que tomen la iniciativa, evitando la prolongación indefinida de las actuaciones de investigación. Sentado en su tarima de la Plaza de Castilla, espera que alguna de las acreditadas y solventes acusaciones populares le sugieran la práctica de alguna diligencia. Así ha ido incorporando delitos en cadena (apropiación indebida, malversación y prevaricación). Parece que se ha centrado en una imaginativa existencia de un delito de malversación por haber encargado a una funcionaria de la Moncloa la tarea de asistir a Begoña Gómez ordenar su agenda y actividades. Haciendo gala de su imparcialidad, cuando los testigos le informaron que era habitual y que así se había hecho con anteriores esposas de otros presidentes, reaccionó airado y les advirtió de que no lo tendría en consideración y, por tanto, estos datos no figuran en las actuaciones.

Pero la traca final, y con esto termino, aunque seguramente nos esperan nuevas actuaciones estelares, se produjo con la siguiente entrada en el Palacio de La Moncloa para interrogar al ministro Félix Bolaños, porque de alguna manera podía haber intervenido en el nombramiento o en la asignación de esta funcionaria. Previamente, había solicitado un coche oficial, aunque disponía del que está al servicio del juzgado. También solicitó la instalación de aparatos informáticos, y, en definitiva, reproducir una sala de vistas, cuando podía haber accedido a la declaración por escrito. Algún quisquilloso podría pensar que se estaban malversando caudales públicos.

Ante la acumulación de abogados, funcionarios y testigos, el recinto resultó ser lo más parecido al camarote de los hermanos Marx. Pero faltaba el estrambote final. Cuando iba a comenzar el acto, decidió que su autoridad judicial no podía colocarse al nivel de los interrogados, por lo que solicitó una tarima. Este adminículo no existía en el attrezzo de Presidencia y tuvieron que construirlo sobre la marcha los carpinteros, que, al parecer, tardaron dos horas. Uno de los asistentes, con notable sentido del humor, sugirió si no habría un taburete en la cafetería que pudiera solucionar el ineludible requisito de la preeminencia judicial. Teniendo en cuenta su irrefrenable tendencia a instalarse en el Palacio de la Moncloa, me permito recomendar que no la desmonten.

Como era de esperar, la escena que vino a continuación no podía defraudar las expectativas que se habían despertado. El vídeo que recoge lo acontecido se ha exhibido en todas las televisiones y medios, lo que me permite darlo por reproducido. El señor Peinado, con notorio desconocimiento de cómo se debe practicar la prueba testifical, en un momento de la declaración, pierde los papeles y ordena iracundo al ministro que abandone la sala y traiga un documento que figuraba en los archivos oficiales. Ante semejante temeridad y en otras circunstancias, el testigo podría haber aprovechado tal dislate para destruir las pruebas. Se ve que hace tiempo que no ha leído la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El cúmulo de desatinos, aplaudido entusiásticamente por toda la derecha política y mediática, merece la atención del Consejo General del Poder Judicial. Está en juego el debido respeto de los jueces y tribunales a las obligaciones de la función jurisdiccional. Que conste que todo lo que he escrito lo reproduciría íntegramente si se tratase de un presidente y esposa del Partido Popular.