Mucho está tardando la resolución judicial que impida la difusión de mensajes privados del presidente del Gobierno sin su consentimiento. La inviolabilidad de la correspondencia es un derecho fundamental que nuestra Constitución recoge en el artículo 18. Es inaudito que las cosas funcionen de modo tal que el fiscal general del Estado está siendo miserablemente perseguido por una supuesta filtración de un correo electrónico que ya tenían entonces varios periodistas y que constataba el bulo promovido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, mientras, sin embargo, nadie investiga quién –Ábalos, Koldo o la UCO– ha difundido cientos de mensajes privados del presidente. O miles, según el director del diario que está haciendo el trabajo por entregas. Mensajes que son políticamente irrelevantes y ajenos a cualquier causa judicial o política.
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