Durante los allanamientos de esta semana, también resultaron aprehendidos el director de Aviación Civil, Marcos Castillo Masís; el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado Eduarte y el jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras en la Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción de la CNE, Henry Villalobos Solís.
La lista de personas investigadas en el expediente penal 24-000454-1218-PE, denominado Pista Oscura, contempla también a altos funcionarios de la constructora MECO, dos exministros y un exjerarca de la Administración Chaves Robles y funcionarios en puestos claves de la CNE, Aviación Civil, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el Consejo Nacional de Concesiones, según precisó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).
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En este caso se investiga el uso de $39,9 millones del fondo nacional de emergencias para pagar el arreglo de la pista de la terminal aérea, a pesar de que esa estructura no había sufrido daños derivados de las ondas tropicales 11 y 12 y de la tormenta tropical Bonnie.
Los otros diez investigados por el caso conocido como Pista Oscura, según la Fiscalía:
El expediente 24-000454-1218-PE indaga la forma en que se declaró emergencia nacional para atender supuestos daños provocados por la tormenta tropical Bonnie y otras ondas tropicales del 2022. No obstante, según la FAPTA, los informes técnicos evidencian que la pista ya presentaba daños antes de esos fenómenos climáticos, lo que haría improcedente la declaratoria y, por tanto, la contratación directa sin refrendo de la Contraloría General de la República.
Una vez emitido el decreto ejecutivo, se adjudicó el contrato a MECO, por un monto cercano a $40 millones, con el argumento de requerir obras urgentes para garantizar la operación del aeropuerto internacional de Guanacaste.
El uso de la figura de emergencia nacional permitió simplificar los trámites y omitir controles como el refrendo de la Contraloría, lo cual ha sido cuestionado por el Ministerio Público como parte de un posible esquema de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.
Tras las detenciones del martes, Marcos Castillo, Henry Villalobos, Alejandro Picado y Mauricio Batalla fueron indagados por la Fiscalía y puestos a la orden del Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública del II Circuito Juidicial, en Goicoechea.
Esa noche pasaron en celdas judiciales y continuaron en audiencia de medidas cautelares durante todo el miércoles.
A las 11 p. m. quedaron libres, luego de que la FAPTA solicitara, para los cuatro, el impedimento de salida del país, firmar una vez al mes, no acercarse a testigos ni ingresar a las instituciones involucradas.
Además, contra Castillo, Villalobos y Picado, también se pidió la suspensión del cargo.
Este jueves deberán regresar a la 1:30 p. m. para la continuación de la audiencia, en la que se definirán las medidas cautelares.
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