Este viernes la Corte Suprema analizó la crisis que ha generado la revelación que hizo Contraloría de los 25 mil funcionarios públicos que salieron del país estando con licencia y decidieron no quedarse inmóviles ante este escenario.

Si bien el Poder Judicial -por ley- no es auditado por el ente que dirige Dorothy Pérez, el máximo tribunal ordenó a la unidad de Recursos Humanos de la Corporación Administrativa del organismo hacer un catastro de los últimos cinco años de la cantidad de jueces y funcionarios que han presentado licencias médicas en los últimos años.

Todo esto con miras a que, con dicha información, se pueda requerir las bases de datos que cruzó el órgano fiscalizador y descubrir si existen coincidencias con salidas del país de funcionarios y jueces. En el caso de la Contraloría, los datos fueron aportados por la Policía de Investigaciones (PDI), la que se encarga de registrar los movimientos migratorios de los ciudadanos.

Fuentes al interior del máximo tribunal sostienen que “no podíamos quedar ajenos a la contingencia, sobre todo porque la alta tasa de licencias médicas en este sector es todo un tema en el funcionamiento de los tribunales del país”.

En esa línea, fuentes de La Tercera en el Poder Judicial confirman que efectivamente el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, llevó el tema al pleno de la Suprema, instancia en la que se resolvió encargar una investigación al fiscal judicial.

El método de Contraloría

Si bien el Poder Judicial el análisis será de los últimos cinco años, en el caso de la Contraloría la investigación administrativa abarcó los periodos de 2023 a 2024. En ese tiempo, según dio cuenta esta semana el ente fiscalizador en su noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), se revisaron más de cinco millones de licencias médicas de funcionarios de reparticiones públicas.

Información que fue cotejada con las 1.231.362 salidas del país registradas a nombre de personas que prestan funciones o son trabajadores del Estado. Con dicha información, proveída por la PDI, la Contraloría realizó un cruce de información para poder detectar a aquellas personas que viajaron fuera del territorio nacional mientras se encontraban con licencia médica. Estos últimos datos aportados por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).

Contralora general de la República, Dorothy Pérez. Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

De esta manera el organismo fiscalizador descubrió que 25.078 funcionarios públicos habrían incumplido el reposo otorgado por la licencia médica y habría dejado el país, presuntamente por vacaciones. Sin ir más lejos, Contraloría incluso detectó que 125 trabajadores estatales registraron entre 16 y 30 salidas del territorio nacional, mientras que otros 51 más de 31 entradas y salidas.

Si bien hasta ahora se desconoce cómo el Poder Judicial hará su propia indagatoria interna, en el caso de la repartición encabezada por la contralora Dorothy Pérez, el cruce de información permitió detectar que los funcionarios públicos realizaron más de 59 mil viajes en periodos de licencias y quienes formaban parte de 788 instituciones.

Situación que ahora se investigará al interior de los tribunales, con el fin de determinar si magistrados y funcionarios salieron del país en medio de licencias médicas.