Fiona Hill no se anda con medias tintas. “Sin duda estamos en camino hacia una represión total por parte del Estado. No hay duda acerca de ello”, dice esta antigua asesora de política exterior que, como la principal experta en Rusia del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense bajo tres administraciones diferentes, estudió muy de cerca cómo un Vladímir Putin que había llegado a la presidencia mediante las urnas iba afianzando progresivamente el control autoritario sobre su país hasta llegar al sistema totalitario de hoy. Ahora, Hill ha vuelto a dar la voz de alarma en una entrevista con la cadena británica Channel 4: eso mismo es lo que está sucediendo en EEUU.
Frente a quienes pensaban que un nuevo gobierno de Donald Trump se parecería al de su primer mandato, o que quizá el modelo a seguir sería la Hungría de Viktor Orbán —el control de todos los recursos estatales en beneficio propio y de una agenda ultraconservadora, pero sin llegar a la persecución política—, el presidente y sus aliados se han quitado la careta y, en apenas unos meses, están llevando a cabo un experimento radical en la construcción de un modelo autoritario con escasos precedentes, si es que hay alguno.
Muchas de las medidas adoptadas por la Administración Trump van directamente en contra no solo de la Constitución de los EEUU, sino de la misma idea de la democracia. La consolidación de este sistema autoritario está teniendo lugar en varias áreas relacionadas entre sí, pero cuyas conexiones pueden no resultar tan evidentes.
La revocación de visados sin previo aviso y el maltrato a los extranjeros —turistas e invitados a eventos científicos y comerciales incluidos— se ha convertido en una ocurrencia diaria, lo que está provocando un auténtico desplome no solo en el número de visitantes turísticos a EEUU, sino también de trabajadores cualificados, estudiantes e investigadores. Y aunque cualquier estado tiene un derecho soberano a decidir a qué ciudadanos acepta en su territorio, lo preocupante es la filosofía subyacente detrás de todas estas prácticas.
Tomemos el ejemplo de un ciudadano australiano identificado como Jonathan, cuyo caso relata el diario británico The Guardian. Pese a haber residido en EEUU durante casi una década y tener un visado de trabajo todavía vigente por más de un año, a su regreso de un breve viaje a Australia se vio retenido por las autoridades fronterizas estadounidenses durante un control de tránsito en Houston, que lo acusaron de ser un narcotraficante, de no tener la visa adecuada, y de "trabajar para la gente equivocada" (en concreto, el Centro de Control de Enfermedades, una de las instituciones más odiadas por algunos sectores de la derecha estadounidense por su imposición de medidas contra la propagación del Covid-19 durante la pandemia). Finalmente fue deportado a Australia. Según su testimonio, uno de los oficiales de inmigración le dijo: "Trump ha vuelto; estamos haciendo las cosas del modo en el que siempre se deberían haber hecho".
La Administración Trump está revocando todos los Estatus de Protección Temporal expedidos por el Gobierno de Joe Biden, lo que deja sin derecho legal a permanecer en EEUU a decenas de miles de venezolanos, haitianos, cubanos, afganos, cameruneses, ucranianos y otros, a quienes se les está exigiendo que abandonen el país o serán expulsados a la fuerza. Al mismo tiempo, extranjeros de todo tipo y condición están recibiendo notificaciones en las que se les avisa de que sus visados y permisos de residencia han sido revocados, y se les insta a autodeportarse en un plazo de 15 días.
El rango de motivos alegados va desde tener un presunto "pasado criminal" —que en muchos casos se reduce a una simple multa menor— hasta haber participado en supuestos "actos desestabilizadores" o "contrarios a los intereses de EEUU". Pero en algunos casos, como el de la estudiante china de doctorado Xiaotian Liu, de 26 años, no existe ninguna justificación (Liu, de hecho, ha demandado al gobierno estadounidense por este asunto). Según la página Inside Higher Ed, que rastrea estas actividades, más de un millar de estudiantes de 180 centros educativos diferentes en todo el país han visto cómo el Departamento de Estado modificaba su estatus legal sin previo aviso.
Estas prácticas están directamente conectadas con otro fenómeno: la percepción de que los migrantes son inferiores a los estadounidenses y tienen pocos o ningún derecho. Las imágenes de miembros la agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) llevando a cabo dramáticos arrestos de individuos presuntamente sin papeles y aterrorizando a las comunidades inmigrantes —a menudo, en vehículos sin identificar, en redadas llevadas a cabo por enmascarados y oficiales sin distintivos— son aplaudidas por muchos partidarios de Donald Trump que votaron justamente por esto, pero en muchos casos suponen una violación de las leyes estadounidenses.
Tal vez los casos más espeluznantes sean las deportaciones de supuestos delincuentes a las megaprisiones de El Salvador. En estos días ha cobrado enorme relevancia lo sucedido con Kilmar Ábrego García, un padre de familia de Maryland sin conexiones criminales que las propias autoridades estadounidenses reconocen que fue deportado por error. El Tribunal Supremo decretó de forma unánime que el ejecutivo estadounidense debía traerle de vuelta, a pesar de lo cual Trump se muestra desafiante: ni su gobierno ni el de Nayib Bukele harán nada por corregir esta injusticia.
TE PUEDE INTERESAR Hablan los europeos que cancelan sus viajes a EEUU: "Volveremos cuando no esté Trump" Mónica Redondo Ana Somavilla Datos: Unidad de Datos Gabriel Bejan (Hotnews. Rumanía)No es el único caso. Aún más terrorífico es lo sucedido a Merwil Rodríguez, un venezolano de 19 años residente en el Bronx que fue detenido junto a otros dos jóvenes en la puerta del edificio donde residía. Según relata su padre, uno de los oficiales de ICE dijo: "No, no es este". Su compañero respondió: "Llévatelo de todas formas". Al parecer, eso es todo lo que se necesita en la América de Trump para terminar en el 'gulag' salvadoreño.
El problema es que, pese a las proclamas propagandísticas de la Administración Trump, casi ninguno de los individuos enviados de este modo —sin juicio y sin el procedimiento debido— a las cárceles salvadoreñas es un delincuente: según datos de la agencia Bloomberg, alrededor del 90% de ellos carecen de antecedentes penales o de un pasado criminal en EEUU.
El diario The New York Times ha revisado los nombres de los 238 venezolanos deportados a El Salvador acusados de ser miembros de la organización criminal transnacional Tren de Aragua y ha descubierto que solo 32 de ellos habían sido acusados de cargos criminales en Estados Unidos o en otros países. El resto, por lo tanto —más de dos centenares de personas — son inocentes. Y, como están señalando muchos políticos, activistas y comentaristas estadounidenses, sin un mecanismo legal para corregirlo, cualquiera puede ser víctima de este sistema monstruoso.
Ante estas revelaciones, la Administración Trump ha redoblado sus acusaciones, asegurando que no hay inocentes en todo este proceso y catalogándolos de "terroristas". No solo eso: el gobierno se prepara para extender esta persecución a todos aquellos estadounidenses que ayuden a los inmigrantes ilegales, para lo cual ya están preparando leyes específicas. Preguntado esta semana por un reportero si estas personas deben ser llevadas a juicio y encarceladas, el "zar migratorio" de Trump Tom Homan respondió: "Absolutamente. Y estad pendientes de esto, porque va a ocurrir".
Los migrantes y extranjeros están siendo los conejillos de indias de un experimento mayor: la persecución de aquellas posturas políticas que la Administración Trump considera subversivas. La primera y más evidente es la defensa de posturas propalestinas, como muestran casos como el de los activistas palestinos Mohamed Khalil y Mohsen Mahdawi —este último, detenido el mismo día en el que se dirigía a una entrevista para obtener la ciudadanía estadounidense—, a quienes se ha acusado de antisemitismo y de tener vínculos con Hamás, algo de lo que no hay evidencias.
A ambos, residentes legales en EEUU desde hace una década, lo que les ha puesto en el punto de mira fue su destacado papel en las protestas contra la guerra de Gaza en la Universidad de Columbia. Lo mismo sucede con la estudiante turca Rümeysa Öztürk, cuyo dramático arresto —en plena calle, a manos de agentes enmascarados— fue filmado por otro estudiante y alcanzó difusión internacional. El propio Departamento de Estado reconoce en un memorándum interno que no hay nada que la vincule con actividades terroristas o antisemitas: su "delito" fue publicar un artículo en la revista de la Universidad de Tufts criticando la respuesta de este centro educativo ante la guerra de Gaza. Eso le basta al gobierno estadounidense para sostener que es culpable de "acciones en apoyo de Hamás".
El pasado 9 de abril, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) de EEUU anunció que empezaría a revisar las publicaciones en redes sociales de todos los extranjeros residentes en el país en busca de "actividad antisemita y hostigamiento físico de individuos judíos". La definición de "antisemitismo" de la Administración Trump, como hemos visto, es muy amplia: Mahdawi, por ejemplo, era muy crítico con el antisemitismo, que consideraba perjudicial para su causa política, y se había convertido en el interlocutor favorito de varias organizaciones judías estadounidenses a favor de la paz, precisamente por sus posturas moderadas. Pero la posición del Secretario de Estado Marco Rubio es clara: "Cada vez que encuentro a uno de estos lunáticos les quito el visado".
Pero las ideas que la Administración Trump considera perseguibles no se limitan a las posturas propalestinas. El indonesio Aditya Harsono, gerente de logística de un hospital de Minnesota, residente legal y casado con una estadounidense, fue detenido a finales de marzo apenas 4 días después de que su visado fuese revocado sin previo aviso por haber hecho una pintada durante una protesta por la muerte del afroamericano George Floyd, por lo que fue multado en 2022. "Las fuerzas de seguridad han determinado que supone una amenaza a la seguridad pública", declaró la secretaria asistente del DHS Tricia McLaughlin en el momento de su detención. Los críticos, por su parte, sostienen que estas acciones suponen una violación directa de la Primera Enmienda constitucional, que se aplica a todos los individuos por igual, sean o no ciudadanos estadounidenses.
Y esta guerra ideológica no afecta solo a los extranjeros. El Departamento de Estado, por ejemplo, ha ordenado a sus empleados que denuncien cualquier "sesgo anticristiano" entre sus compañeros. Según un memorándum interno obtenido por Politico, el gobierno estadounidense ha creado un grupo de trabajo para recopilar información sobre estos empleados y adoptar las medidas disciplinarias pertinentes.
La Administración Trump no tolera disidencia alguna entre sus funcionarios. La comandante de la base groenlandesa de Pittufik fue cesada la semana pasada por enviar un email a los soldados bajo su mando en los que defendía la relación cordial entre esta instalación y los gobiernos de Groenlandia y Dinamarca, lo que contradecía las afirmaciones del vicepresidente JD Vance al respecto. Del mismo modo, el abogado de inmigración a cargo de defender la postura de la Administración Trump en la audiencia en el caso de Ábrego García ha sido despedido fulminantemente tras perder el caso. "Bajo mi dirección, se exige que cada abogado del Departamento de Justicia abogue celosamente en favor de Estados Unidos. Cualquier fiscal que no siga esta directriz sufrirá las consecuencias", había declarado una furiosa Pam Bondi, la Fiscal General de EEUU.
Pero aún más preocupante es la orden dada por el propio Trump al Departamento de Justicia para que abra una investigación contra Chris Krebs y Miles Taylor, dos funcionarios que trabajaron en su primera administración. El primero dirigió la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras, mientras el segundo, que fue jefe de personal en el DHS, es el autor del célebre artículo anónimo publicado en 2018 en el New York Times en el que un alto cargo de la Administración Trump explicaba cómo algunos 'adultos en la sala' saboteaban muchas de las decisiones potencialmente catastróficas del presidente y mitigaban sus peores impulsos.
Krebs no solo rechazó categóricamente las falsedades del todavía presidente acerca de un supuesto fraude electoral en 2020, sino que aseguró que habían sido "las elecciones más seguras de la historia" de Estados Unidos, lo que le puso en el punto de mira de Trump. En cuanto a Taylor, los motivos para el rencor son obvios. El hecho de que la investigación contra Krebs y Taylor se haya abierto a la vez por orden directa de Trump hace difícil no ver esta medida como un acto de pura venganza por parte del presidente.
Y está claro que no será la última: este mismo miércoles, la Administración Trump instruyó también al Departamento de Justicia para que abriese un caso por supuesto fraude hipotecario contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien no solo estuvo detrás de muchas de las investigaciones por fraude contra la Organización Trump —que fue condenada a pagar una multa de 450 millones de dólares—, sino que ahora está liderando algunas de las acciones legales contra las nuevas medidas anti-inmigración del gobierno, entre otros procesos. James, además, anunció esta semana el inicio de unas pesquisas preliminares para determinar si algunos individuos cercanos a Trump podrían haberse beneficiado de información privilegiada antes del anuncio de la pausa a los aranceles para ganar grandes cantidades de dinero especulando en bolsa. Horas después llegaban los cargos contra James.
Muchos expertos, como las profesoras Carissa Véliz y Shoshana Zuboff, llevan años advirtiendo al mundo de que la hiperconectividad y las redes sociales suponen el mayor mecanismo de vigilancia jamás creado, y que este gigantesco sistema de recopilación de datos sería extremadamente peligroso si nuestras democracias se deslizan hacia el autoritarismo. En Estados Unidos, la cuna de la mayoría de estas plataformas, ambos fenómenos están ya convergiendo.
El cribado de redes sociales de los extranjeros mencionado arriba, por ejemplo, se está llevando a cabo mediante programas de inteligencia artificial. Pero estas prácticas también afectan a los propios estadounidenses. Desde hace al menos un año, las autoridades de EEUU poseen un potente software que permite rastrear la localización de teléfonos móviles alrededor de clínicas de aborto y seguir esos números hasta estados donde la interrupción del embarazo esté prohibida. Todo ello sin necesidad de una orden judicial, lo que permitiría presentar cargos contra aquellas mujeres que viajen a otros estados para abortar.
Una de las empresas pioneras en canalizar este tráfico masivo de datos hacia el ámbito de la seguridad es Palantir, que lleva años ofreciendo servicios de este tipo a las agencias de policía e inteligencia de EEUU, bajo administraciones tanto demócratas como republicanas, como de otros países. Su creador, Peter Thiel, es además uno de los principales promotores de la idea de una 'Ilustración Oscura'. Un movimiento reaccionario anti-igualitario y antidemocrático que propone un regreso a formas de gobierno tradicionales, como la monarquía absoluta. Y ahora, con el retorno de Trump a la Casa Blanca, Thiel está expandiendo a lo grande sus negocios con la administración.
El ICE, por ejemplo, utiliza una poderosísima herramienta de cruzamiento de datos creada por Palantir y denominada Investigative Case Management ("Gestión de Casos de Investigación", o ICM), que permite realizar búsquedas específicas por cientos de categorías diferentes, desde el estatus legal o de entrada en el país hasta características físicas específicas, incluidos los tatuajes. Además de, por supuesto, todo lo referido a información económica, criminal, de empleo y seguridad social, propiedades y vehículos. Para ello, ICM conecta varias bases de datos de inmigración, tráfico, cuerpos de seguridad del estado e incluso de la CIA. Además, según reporta la revista especializada Wired, Palantir está ayudando al DOGE, el proyecto de recortes gubernamentales de Elon Musk, a desarrollar un programa similar para los datos del Servicio Interno de Ingresos (IRS), la institución federal de impuestos.
Muchos de estos planes de la Administración Trump se basan en la idea de la extraterritorialidad, de que si estos detenidos son enviados a otros lugares fuera de EEUU dejan de aplicárseles los mismos derechos. En ese sentido, el fundador de la desaparecida Blackwater Erik Prince ya ha presentado un plan al gobierno de Trump para establecer un sistema de prisiones en El Salvador, una parte del cual sería considerado territorio estadounidense. Un Guantánamo dirigido por contratistas privados.
El proyecto puede ser solo un intento por parte de Prince de obtener un contrato multimillonario, pero hay indicadores sólidos de que al gobierno Trump le seduce la idea de enviar a este tipo de cárceles no solo a migrantes, sino también a ciudadanos estadounidenses de pleno derecho. Altos cargos de la administración están discutiendo qué mecanismo se podría utilizar para ello, como privarles de la ciudadanía, algo que no es nada sencillo y que legalmente solo puede aplicarse en un reducido número de supuestos, como la traición, el terrorismo, el combatir en un ejército enemigo o el haber mentido durante el proceso de naturalización. Pero durante su último encuentro con Bukele en la Casa Blanca, un micrófono captó cómo Trump le decía al presidente salvadoreño: "Los locales son los próximos. Los locales. Tienes que construir cinco sitios más. Este no es lo bastante grande".
Muchas de estas acciones son flagrantemente ilegales, y así lo han dictaminado varios jueces. El pasado lunes, un juez federal dictaminó que el gobierno no podía revocar el estatus de protección legal de cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos, pero Trump ha hecho oídos sordos, e ICE sigue actuando contra estos colectivos. El pulso con el Tribunal Supremo acerca del destino de Ábrego García probablemente determinará el futuro del país: si ni siquiera la máxima corte del país puede frenar los excesos del gobierno, Trump será imparable.
Muchos son pesimistas. Destacados historiadores del fascismo, como Timothy Snyder y Jason Stanley, que reconocen cómo ciertos patrones actuales se corresponden con el ascenso de algunos regímenes autoritarios del pasado, ya se han mudado a Canadá por razones políticas. "Trump está a mitad de camino de convertir América en un estado policial", titula el corresponsal del Financial Times en EEUU Edward Luce un artículo en el que afirma: "Más o menos a mediodía del 14 de abril de 2025, América dejó de ser un gobierno cumplidor de la legalidad".
Opinión TE PUEDE INTERESAR ¿Trump, el loco? Rafael Navarro-Valls"Muchos académicos en Estados Unidos han señalado la pendiente resbaladiza hacia el autoritarismo y la autocracia a la que nos dirigimos, comparándolo con otros contextos iliberales como Hungría y Turquía, por ejemplo. Se están escribiendo numerosos artículos sobre el autoritarismo competitivo", explica Hill en la entrevista. "Pero también muchísima gente en este país lo ha experimentado directamente, incluyendo a ciudadanos naturalizados o residentes permanentes que ahora sufren persecución. Así que mucha gente comprende lo que está sucediendo aquí".
El cambio se está implementando a tal velocidad que resulta difícil seguir el ritmo del deterioro del Estado de derecho, lo cual hace que muchos observadores y ciudadanos estadounidenses sigan en fase de negación. Pero está ocurriendo.
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