Several Colombian ministers did not sign President Gustavo Petro's decree calling for a popular consultation on labor reform. Key reasons cited include administrative issues (Justice Minister Eduardo Montealegre), overseas diplomatic missions (Foreign Minister Laura Sarabia), and acting ministerial roles (Ministers of Mines and Environment). The president reportedly threatened ministers who did not sign with dismissal.
Minister Sarabia's absence from a legal hearing regarding a gender-based political violence complaint against Interior Minister Armando Benedetti is explained by her diplomatic mission in Belgium. In-person attendance is mandated by the Belém do Pará Convention and Colombian jurisprudence; a rescheduled hearing is pending.
The article clarifies that scanned or digital signatures were not used due to procedural requirements; a specific process is needed, which had not been implemented across all ministries. Despite a photo showing cordiality between Sarabia and Benedetti in Cartagena, Sarabia's legal representatives requested a rescheduled hearing.
The Minister of Mines and Energy, Edwin Palma, was in Brussels, and although he signed a draft decree, he did not sign the final version. The Minister of Environment and Sustainable Development, Lena Yanina Estrada, did not sign because she was acting in that role.
Además de la legalidad del decreto mediante el cual el presidente Gustavo Petro convocó a una consulta popular -para impulsar su reforma laboral-, se está pidiendo evaluar la conducta en la que incurrirían los miembros del gabinete que respaldaron con su firma la polémica medida.
La rúbrica de la mayoría de los miembros del gabinete estuvo precedida por una advertencia del mandatario según la cual ministro que no firmara se debía ir del Gobierno. Sin embargo hubo cuatro excepciones, incluida la del nominado jefe de la cartera de Justicia y cerebro del decretazo, Eduardo Montealegre.
Este último señaló que su firma no aparece en el decreto presidencial por razones administrativas. Al parecer, su hoja de vida -que aparece desde hace días en la página de la Casa de Nariño- no fue subida a la página de la cartera de Justicia.
Por ende, no se ha podido posesionar y solo podrá hacerlo tres días hábiles después de ese trámite legal que se cumple el viernes.
En cuanto a la canciller Laura Sarabia, EL TIEMPO estableció que se encuentra en una misión diplomática en Bélgica y que esa es la razón oficial por la que no aparece su rúbrica en el polémico decreto.
En el Gobierno explicaron que en estos casos no se puede usar la firma escaneada y sobre la digital, manifestaron que se necesita un trámite específico que no se ha hecho en casi ninguna de las carteras.
Lo que sí es claro es que el viaje de la Canciller también le impidió asistir a la diligencia que estaba programada para el 9 de junio dentro de su denuncia por violencia política de género en donde el ministro del Interior, Armando Benedetti, es protagonista.
Aunque trascendió una foto en Cartagena, en el marco del Congreso de Asobancaria, en donde ambos funcionarios se saludan con cordialidad, EL TIEMPO estableció que los apoderados de Sarabia pidieron reprogramar la diligencia.
"Conforme a la Convención de Belém do Pará y la jurisprudencia colombiana, estas diligencias no pueden ser virtuales", explicó una fuente del ente acusador. Y agregó que la nueva fecha se conocerá esta misma semana.
Los otros dos casos de los ministros que no firmaron son el de Minas y Energía, Edwin Palma, que está en Bruselas en búsqueda de inversión extranjera para garantizar la seguridad energética del país. EL TIEMPO estableció que Palma sí firmó un decreto, pero se trató del borrador de decreto de consulta popular y que el definitivo lleva la firma del ministro encargado.
La cabeza de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Lena Yanina Estrada no firmó por ser encargada, por ende no podría firmar el decreto.
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