Está dispuesta a invalidar todo el proceso selectivo para iniciar uno nuevo con nuevos aspirantes. Pese a que la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo calificó a los cuatro candidatos preseleccionados como idóneos para los puestos a los que optan, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, quiere que las dos plazas claves del alto tribunal —la presidencia de la Sala de lo Penal que, hasta inicios de diciembre, ocupó el polémico magistrado conservador Manuel Marchena, y la de lo Contencioso-Administrativo, que controla los actos, disposiciones y nombramientos del Gobierno y otras instituciones— sean ocupadas por los candidatos aupados por los vocales conservadores del órgano de gobierno de los jueces. Con esa posición, la presidenta se salta la paridad entre sexos que impone la ley y obvia el reparto de asientos en la institución que dirige, en la que 10 vocales fueron propuestos por el PSOE y Sumar y otros 10 por el PP. Los nombramientos exigen mayoría de tres quintos (13 votos).

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