La hipótesis planteada por Otegi supondría todo un giro histórico por parte de la izquierda abertzale, que durante años consideró a la Policía autonómica como a un enemigo. ETA la convirtió en uno de sus principales objetivos –acabó asesinando a 15 agentes– y tanto los dirigentes como buena parte de sus bases mantienen un discurso muy duro contra la Ertzaintza. Un rechazo explícito que se ha evidenciado en las últimas semanas con incidentes en diferentes localidades vascas en los que grupos radicales han atacado y agredido a agentes sin que desde EH Bildu y Sortu se hayan condenado estas acciones.

En estos momentos no existe ningún veto explícito por parte de la cúpula de Bildu a la entrada de sus militantes en la Ertzaintza. De hecho, no son pocos los que lo intentan. Simplemente, se ve como algo ajeno. Tanto en sus documentos internos como en sus intervenciones públicas se pone en duda su carácter «democrático», se cuestionan sus intervenciones y se exige un giro copernicano. Un discurso que entronca con el relato histórico de la izquierda abertzale, una fuerza que durante años apostó por un discurso antisistema. ETA, incluso, llegó a meter a terroristas dentro de la plantilla, como Iñaki de Juana Chaos, quien en 1983 huyó a Francia después de que se le relacionara con el robo de más de un centenar de pistolas en un cuartel de la Policía autonómica.

Pero los tiempos han cambiado. Y la izquierda abertzale no oculta que su gran objetivo a medio plazo es llegar a Ajuria Enea. Y si lo logra, tendría que gestionar la cartera de Seguridad. El problema, o al menos uno de ellos, señalan destacados miembros de la izquierda abertzale, es que se encontraría con un colectivo de cerca de 8.000 personas en el que Bildu tiene mínimos apoyos. Mientras que en otros organismos públicos como Osakidetza, EiTB o Educación parte de sus trabajadores comparten las propuestas de los de Otegi, en la Ertzaintza se encontrarían un erial. A esto se uniría la necesidad de hacer equilibrios entre la necesidad de poner en marcha una política de seguridad –lo que incluye detenciones, medidas de control...– con su tradicional discurso 'antipolicial'.

Unas contradicciones que ya aprovechan los colectivos más críticos y otros grupos como GKS para tratar de desgastar a EH Bildu en aquellos ayuntamientos en los que gobierna y tiene a sus órdenes a las diferentes policías locales.

La reflexión lanzada por Otegi, y compartida por otros destacados militantes de Sortu, es que ha llegado el momento de empezar a girar «un trasatlántico», de intentar modular su discurso en relación con la Ertzaintza –un cuerpo al que se acusa directamente de haber practicado torturas– y hacer ver a sus bases que para lograr ese cambio en la Policía autonómica sería conveniente dejar atrás los discursos más duros. Una evolución que se considera «inevitable» y que «antes o después se tiene que dar». Algo parecido a lo ocurrido con la apuesta por las grandes plantas de energía renovable, unas infraestructuras que hasta hace no mucho eran rechazadas de plano por EH Bildu.

Pero los contextos no son los mismos. Y una cosa es la teoría y otra la práctica. Los recelos expresados en aquella cita, a la que entre otros asistieron representantes del mundo sindical, evidencian que se trata de una cuestión muy diferente, que en la izquierda abertzale sigue levantando ampollas y que va más allá de cuestiones retóricas, tal y como se ha evidenciado en las últimas semanas con los altercados que se vivieron en Hernani o Azpeitia, donde la alcaldesa de Bildu, Nagore Alkorta, censuró la acción de los agentes.

A esto hay que sumar la presión de los colectivos más ortodoxos. De ahí que EH Bildu se esfuerce en hacer equilibrios y trate de construir un discurso que demuestre que puede estar al frente del Gobierno vasco, pero que al mismo tiempo no suponga un cheque en blanco a la Ertzaintza.

Peso de las policías locales

Una estrategia que se demostró en las elecciones autonómicas del año pasado, cuando en su programa electoral apostaba por reducir «el número de armas de fuego», «rediseñar los modelos de formación y selección» y, sobre todo, realizar un «reajuste de los efectivos» en función de «las tasas objetivas de criminalidad» y que la Ertzaintza delegue funciones que ahora desempeña en favor de las diferentes policías locales.

De hecho, cuando el consejero Bingen Zupiria compareció en septiembre en el Parlamento para explicar su plan para la legislatura, Julen Arzuaga, representante de EH Bildu, mostró la «mano tendida» para llegar a acuerdos y, ante la alusión de Zupiria a que numerosas policías locales están bajo responsabilidad de EH Bildu, Arzuaga respondió: «Intentamos hacerlo de otra manera, aunque hay otras que no se pueden cambiar mucho». Hubo otro gesto. Arzuaga vio con buenos ojos en ese momento el nombramiento como directora de Arkaute de Miren Dobaran, quien hace unas semanas presentó su dimisión.

En realidad, señalan fuentes de la izquierda abertzale, el tema solo se afrontará «de verdad si llegamos a Ajuria Enea». Hasta entonces se jugará con la ambigüedad y la necesidad, como decía la ponencia aprobada en el congreso de EH Bildu de febrero, de «crear un modelo propio de seguridad que imponga el respeto de los derechos humanos por encima de las tendencias autoritarias».