Cuando la justicia y el periodismo cumplen su función, esto es, el servicio público, sus métodos se parecen: se trata, ante unos determinados hechos, de escuchar a todas las partes, recabar la mayor cantidad de pruebas, las de cargo y las de descargo; contrastar lo que se dice con lo que se hizo y dejar los prejuicios, simpatías y antipatías aparte. Son dos oficios, el de juez y el de periodista, en los que deberían estar proscritas las ideas preconcebidas porque solo conducen a la negligencia. Hay casos antológicos en las hemerotecas. Fue una idea preconcebida la que llevó al diario El Mundo a levantar en 2004 una teoría de la conspiración sobre el 11-M que se desmoronó con gran estrépito, el que solo es capaz de provocar el ridículo. Buscando pruebas que reforzaran su tesis y no pruebas a secas para someterlas a contraste y confirmación, confundieron al exminero José Emilio Suárez Trashorras, condenado a 34.715 años de cárcel por los atentados, con una especie de perito, y unos polvos contra el olor de pies (el célebre ácido bórico) o una cinta de la Orquesta Mondragón con señales de la supuesta autoría de ETA. Era la versión más favorable a sus intereses, la que replicaba el partido que perdió aquellas elecciones, el PP, y que aseguraba, sin más soporte que la conveniencia, que los terroristas no estaban “en montañas lejanas”. Pero era eso: una versión.

La realidad, finalmente, se impuso en un juicio con todas las garantías, pero aún sobrevive la mentira en algunos foros de internet porque en ese ecosistema viciado, hay quien prefiere tener razón o que los que consideran los suyos la tengan, a la verdad. Ese sentimiento se ha disparado con la creciente polarización afectiva, la que mide el rechazo al que piensa diferente, y es lo que define el debate público en redes sociales, donde muchos lectores eligen medios y retuitean titulares como quien escoge trinchera y no para resguardarse, sino para atacar. El periodismo bufandero dispara contra el periodismo a secas mientras recluta en el ruido, la confusión y el desencanto a soldados con cuenta en X, la fábrica de mentiras de destrucción masiva que maneja el tuitero en jefe y hombre más rico del planeta, Elon Musk. “Periodistas del grupo PRISA [editor de este diario] en auxilio de García Ortiz”, tuitea ahora El Mundo, refiriéndose a los que declararon como testigos en la causa contra el fiscal general del Estado. La realidad es que, en la investigación de un presunto delito de revelación de secretos que difundieron numerosos medios de comunicación, el juez ha decidido que el testimonio de los periodistas no sirve y lo que esos profesionales aportaron eran pruebas que evidenciaban que disponían de esa información antes que el acusado. Su testimonio suponía ir retirando migas de pan del camino señalado, preconcebido. Como testigos, tenían obligación de decir verdad, y en caso de no creerles, el juez Ángel Hurtado debía deducirles testimonio, pero no lo ha hecho.

La asociación Jueces y Juezas para la democracia utilizó su cuenta en X para difundir el análisis que el magistrado emérito del Tribunal Supremo Perfecto Andrés Ibáñez hizo del auto de Hurtado en este diario. Se titula Una causa criminal sin causa identificable y concluye que ”la pobreza de elementos incriminatorios aportados por la investigación contra el fiscal general es patente". EL PAÍS ha publicado y tuiteado también un artículo en el que siete juristas (abogados, jueces y penalistas) exponen distintas opiniones sobre el auto y sus consecuencias, así como un editorial que, tras detallar las anomalías del procedimiento, concluye que si el procesamiento del fiscal general se confirma, García Ortiz debe dimitir para proteger la institución. Detraer argumentos, datos y contexto en cualquier información es un ejercicio de cobardía y si algo hay en las redes, son cobardes sin nombre que se crecen en el anonimato. “Ahora vosotros sois los medios”, proclama Elon Musk, dirigiéndose a la comunidad tuitera. Los machos alfa de X pretenden que el mundo se rija por aquella frase humorística del “no tengo pruebas, pero tampoco dudas”, es decir, que sean la rabia y los prejuicios los que decidan. Pero el interés general solo son capaces de defenderlo los que no tienen una agenda particular; los que no tienen aliados o enemigos, sino la obligación, deontológica o jurídica, de decir verdad.