The report acknowledges historical injustices against the Mapuche people, including land dispossession by the Chilean state. It proposes a series of measures for reparations, including land restitution and addressing violence in the Araucanía region. These measures have long-term execution periods, spanning decades. The aim is to resolve the conflict while maintaining productive land use and strengthening property rights.
The report's release coincides with a challenging political climate following the failed Constitutional Convention, and ongoing violence in the Araucanía region. Critics, particularly from the right, view the report as an 'October-style' document, associating it with the left-wing agenda. Concerns were also raised about the inclusion of non-conflicted groups in the proposed constitutional recognition of Indigenous peoples.
Despite the criticism, some, like Jorge Andrés Luchsinger, whose parents were victims of terrorism, consider the report's long-term approach as crucial for Araucanía's recovery. The author concludes that the report's merits outweigh its flaws and should be considered carefully by lawmakers, urging for a balanced approach instead of outright rejection.
El logo en la portada del informe de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento es un huemul sin astas, rodeado de ramas de canelo, con una araucaria al fondo. No conozco la intención del diseño, pero en la tradición mapuche la rama de canelo significa paz y equilibrio. Bajo el canelo, además, no se miente. El huemul, en el escudo nacional, representa la razón. Y la araucaria podría ser usada como un signo de paciencia (por su lento crecimiento) y solidez. Esa composición simbólica terminaría comunicando la idea de una búsqueda de un crecimiento sólido en la paz y el equilibrio entre chilenos y mapuches a través de la verdad, la razón y la paciencia.
Ese horizonte ideal está bien representado por la mayoría de los contenidos del texto. Primero, se reconoce la verdad histórica respecto del despojo sufrido por miles de familias mapuches en manos del Estado de Chile hace alrededor de un siglo, que luego traspasó esas tierras a colonos, creando una situación de legitimidad precaria en la propiedad en la zona, además de un empobrecimiento masivo de los mapuches. También se reconoce que la poca legitimidad de la propiedad traspasada a los colonos, con su consecuente degradación del Estado de Derecho, terminó exponiéndolos a un peligro patrimonial y físico, ya que la disputa por las tierras daña su valor e incentiva la violencia. Bajo la legislación actual no existe límite a las demandas de tierras y, por tanto, tampoco hay límite a la inseguridad de la propiedad en la zona.
Partiendo de esta base, se realizan una serie de propuestas para ordenar, acotar y optimizar la reparación tanto a las familias mapuches despojadas como a las víctimas de la violencia. Las propuestas incluidas abarcan periodos de ejecución, hasta culminar, de entre 80 y 165 años. Es decir, se espera remediar lo hecho por el Estado hace unos cien años en el plazo de otros cien años, aunque muchas de las medidas más relevantes son de ejecución más inmediata. La expectativa racional detrás de todo esto es que al ordenar y limitar la demanda de tierras, se avance en consolidar tanto la propiedad como el Estado de Derecho en La Araucanía, y que la reparación no signifique la inutilización productiva de la zona.
Es un mal momento político para el informe: la fallida Convención Constitucional mostró a buena parte de los intelectuales y activistas indígenas como una farsa, y sus propuestas plurinacionales fueron clave para el Rechazo. Además, la violencia en La Araucanía, aunque ha disminuido, se ha vuelto más osada y asesina. De ahí que muchos, Kast y Kaiser entre ellos, concluyan que la causa mapuche es simplemente un invento de la izquierda usado como excusa para el crimen y el terrorismo, y que la salida del problema es militar y policial.
Dado este ambiente, fue imprudente que la comisión propusiera el reconocimiento constitucional de una serie de pueblos que no tienen conflicto real alguno con el Estado, algunos de los cuales son engendros recientes de proyectos Fondecyt y cazadores de rentas permisológicas (collas y changos, para empezar). También lo fue injertar en otro apartado al “pueblo tribal afrodescendiente”. Estos elementos, del todo prescindibles, permitieron que el texto fuera calificado como “octubrista” por sus críticos más duros. Y a ello se suma el asunto de las instituciones especiales de representación indígena, bolsa de trabajo de los grupos de activistas octubristas, y que en el caso del pueblo mapuche, que no concibe la idea misma de representación democrática, nunca han funcionado.
Con todo, tal como ha señalado Jorge Andrés Luchsinger, cuyos padres fueron víctimas del terrorismo, “esta iniciativa tiene que ser valorada”, pues efectivamente entrega herramientas inéditas para comenzar el largo camino de recuperación de La Araucanía. Sus virtudes son más que sus defectos, y se trata de recomendaciones, no de un proyecto de ley inalterable. Por lo mismo, no debe ser tratado como un caso de “todo o nada” por los legisladores. Finalmente, la derecha, que reaccionó muy fuerte y muy pronto, sin sopesar mucho la propuesta, quizás recapacite cuando vea al extremismo rechazarla con la misma vehemencia que ellos.
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