Mientras la tasa de natalidad en Chile se desploma al nivel más bajo del que se tiene registro, ocurre un inédito aumento de derivaciones por órdenes de los tribunales de bebés, víctimas de alguna vulneración de sus derechos, a residencias de protección especial. Los menores de 24 meses de edad en estos hogares aumentaron en un 72 % desde el 31 de octubre de 2021, cuando había 233, al 31 de marzo de 2025, con 401, según datos del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, una institución denominada comúnmente como Mejor Niñez que depende del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Las razones detrás del incremento, que pudiera ser paradójico desde una perspectiva demográfica, son diversas. Uno de cada cinco recién nacidos fue enviado a estos establecimientos para seguir con el proceso de entrega voluntaria de su madre para la adopción, mientras que la mayoría obedeció a otras causas como negligencia, maltrato, abandono y abuso por parte de sus padres o cuidadores.

Claudio Castillo, director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, asegura que la situación está muy asociada con la violencia intrafamiliar en el caso de los bebés y niños, mientras que los motivos que llevan a adolescentes a estos centros son más diversos.

No solo hay un alza de los lactantes atendidos en uno o más programas de cuidado alternativo residencial. En general, de 4.417 menores de 18 años en 2021 se pasó a 5.018 en febrero de 2025. Sin embargo, este incremento está empujado por la primera infancia —de los cero a tres años—, que subió un 39 %; seguido por los adolescentes de 14 a 17, que se elevaron en un 21 %. “Si este aumento continúa, efectivamente la capacidad del Servicio se pondrá a prueba”, dijo Castillo. Y agrega: “Nuestra capacidad estructural está al límite”.

Hay alrededor de 250 residencias a lo largo del país, que en promedio albergan a unos 20 menores. Para Castillo, que trabaja en un nuevo modelo de residencias familiares, “no se trata de cuánto más aguanta el sistema”, sino de cuántos menores se quedan esperando mientras se realizan mejoras, porque una saturación podría generar una tensión en todo el ecosistema de protección. “Hay una realidad que es urgente. La situación de estos miles de niños, niñas y adolescentes que requieren protección especializada nos llama a actuar con mucha urgencia, decisión y humanidad”.

Para Castillo lo más complejo está en enfrentarse a un fenómeno inédito: el alza de los bebés en residencias, porque “nunca estuvo en las proyecciones ni en el diseño del Servicio”, una institución que surgió como una respuesta que dio el Estado a la vulneración de derechos de menores: “Hoy en día nos enfrenta a desafíos profundos como este aumento de ingresos a residencias o cuidados alternativos de niños tan pequeños, porque además cada número representa una historia, urgencia, un dolor. Tenemos, a partir de ese dolor, que construir esperanzas en una familia de acogida, en una adoptiva; en el caso de adolescentes se trata de construir un proyecto de vida con ellos”.

Desde 2016, la atención en Chile hacia los niños y adolescentes bajo la tutela estatal se ha intensificado. Ese año, el Gobierno reveló que entre 2005 y 2013, más de 860 menores de 18 años fallecieron por diversas razones mientras estaban bajo la protección, ya sea en residencias o en programas ambulatorios, del entonces denominado Servicio Nacional de Menores (Sename).

También las condiciones de las residencias han sido motivo de preocupación. En marzo de 2023, la Corte Suprema publicó un informe que dio cuenta de “la crítica situación en la que se está atendiendo a un número significativo” de niños y adolescentes en aquel momento en 289 residencias. El análisis, el último divulgado en esta materia, indica que del total de menores a cargo el Estado —entonces unos 4.600— 513 estaban en “completo abandono”, sin un adulto de la familia nuclear o extensa presente en su vida que, eventualmente, lograra sacarlos de los establecimientos.

Con el énfasis en las familias de acogidas

Castillo destaca una subida de las familias que acogen a niños vulnerables en casi dos décadas, aunque reconoce que las revinculaciones en el caso de los bebés suelen ser menos exitosas que en otras etapas como la niñez y la adolescencia. En 2007, más de un 90 % del total de quienes estaban en los programas de cuidados alternativos se encontraban en una residencia, mientras que en 2024 fue del 33 %.

Esto se debió a que la mayoría fue designado a Familias de Acogida, otro de los programas del Estado que tiene como finalidad que estos menores sean recibidos transitoriamente en el hogar de personas que están en un proceso de postulación y capacitación para darles abrigo.

Según Castillo, el objetivo es lograr transiciones más rápidas y amistosas entre los menores y las familias que les reciben de forma temporal. Por eso, el fortalecimiento de las familias de acogida es uno de los desafíos para las autoridades, sobre todo en el caso de los bebés debido a que la evidencia científica apunta a que desde la concepción hasta los dos años es una etapa crucial para alcanzar un mejor desarrollo cognitivo y el bienestar a largo plazo, tanto que los pediatras lo denominan “los mil días de oro”.