La deuda municipal ha frenado la racha negativa causada por el tsunami pandémico y ha vuelto a colocarse en una trayectoria descendente. El pasivo de las corporaciones locales —del que forman parte ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares— alcanzó los 22.847 millones al cierre del año pasado, una cifra inferior en un 2% al ejercicio previo y el primer descenso desde 2021. Aun así, la instantánea es muy heterogénea: aunque la mayoría de las entidades ha mantenido estables sus números rojos y cerca de un tercio los ha rebajado, hay un grupo de corporaciones, cerca de un millar, que ha engordado su pasivo, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda. En el buscador puede consultar la deuda de su localidad en 2024 y cómo ha variado con respecto al año anterior.

Si solo se consideran los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes, las mayores subidas porcentuales en la deuda por persona se han registrado en Roquetas de Mar (Almería) y San Cristóbal de la Laguna (Tenerife), que aun así presentan pasivos contenidos. A finales de 2024, la fecha de corte de los datos de Hacienda, sus vecinos debían 22 euros y 155 euros por cabeza, respectivamente. En el otro extremo están Las Palmas de Gran Canaria, que ha reducido a cero su deuda per cápita, y las localidades madrileñas de Leganés, Móstoles y Alcobendas. En cifras absolutas, son Soto en Cameros (La Rioja) y El Guijo (Córdoba) las dos entidades que más han engordado su deuda por habitante, la primera en 2.429 euros, y la segunda en 1.667 euros.

Aunque las localidades del sur de la Península tienden a registrar las mayores deudas per cápita, la evolución de los números rojos municipales no sigue una lógica geográfica clara y parece estar más ligada a las decisiones de los regidores y a las circunstancias particulares de cada ayuntamiento. De hecho, varias localidades pequeñas y ubicadas en distintos puntos del territorio presentan pasivos abultados en relación con el tamaño de su población.

Un claro ejemplo es Vallada, en Valencia. Tiene tan solo 3.000 habitantes y es el pueblo con la deuda per cápita más voluminosa de España. Cada uno de sus vecinos debía 8.818 euros al cierre de 2024. Este ayuntamiento, que lleva años ocupando los primeros lugares de la lista de municipios más endeudados, sigue pagando los platos rotos de un proyecto millonario que nunca vio la luz, y que preveía la construcción de un polígono náutico pese a que el puerto más cercano se encuentre a 70 kilómetros de distancia. Aun así, y en línea con la tendencia general, ha bajado su deuda en el último año (un descenso de 220 euros por habitante).

Los Barrios, en Cádiz, tiene la segunda deuda por vecino más elevada: 7.988 euros, según los datos de Hacienda. Al igual que Vallada, suele ocupar las primeras posiciones en la lista de los municipios más endeudados y también ha reducido su pasivo per cápita en comparación con 2023, en 659 euros. Una situación parecida es la de Moraleja de Enmedio (Madrid): es la tercera localidad con más pasivo por habitante, 7.425 euros, pero ha reducido la carga en 277 euros por cabeza.

El cuarto lugar lo ocupa otro habitual del listado, Plasenzuela (Cáceres), con 6.286 euros por habitante. Le siguen Navajas (Castellón), con 5.745 por vecino, Huévar del Aljarafe, en Sevilla (5.697 euros), la localidad cacereña de Santa Marta de Magasca (5.471 euros), Os Blancos, en Ourense (5.385 euros), Jaén (5.092 euros) y Jerez de la Frontera (Cádiz), con una deuda de 4.525 euros por vecino. Todos estos municipios han rebajado su pasivo por habitante en el último ejercicio, con la excepción de Jaén.

El municipio jienense también destaca por ser la localidad de más de 100.000 habitantes con la mayor deuda per cápita. Le siguen Jerez de la Frontera, en Cádiz (con 4.524 euros por vecino), la madrileña Parla (3.825 euros) y la localidad gaditana de Algeciras, con un pasivo por residente de más de 2.050 euros, unos resultados que reflejan la situación crítica de sus cuentas. Las finanzas de estos ayuntamientos llevan años al borde de un precipicio, al igual que las de otra sesentena de localidades como Los Barrios, Puerto Real o Gandía. En muchos casos, el roto en los balances se remonta a la época de la exuberancia del ladrillo de principios de este siglo, cuando muchas administraciones se embarcaron en proyectos urbanísticos que finalmente se quedaron en agua de borrajas al pinchar la burbuja.

Si la deuda se considera en volumen absoluto, son las ciudades más pobladas las que presentan las mayores cifras por tener los presupuestos más elevados. Madrid está a la cabeza, con una deuda total de 1.943 millones (569 euros por persona). Le sigue Barcelona, con 1.389 millones y 816 euros por vecino. Mientras que la capital ha reducido su pasivo en 17 millones, la ciudad condal lo ha subido en 56. Valencia ha reducido su deuda de 186 a 141 millones y Sevilla la ha elevado en 28, hasta los 266 millones.

Lejos de los máximos de la crisis

El volumen de deuda del sector local tocó su máximo en 2012, un año marcado a fuego en el calendario económico. En plena crisis del euro, con el paro disparado, el crecimiento y la recaudación en terreno negativo, España pidió el rescate de su sistema financiero. El déficit alcanzó el doble dígito y la deuda del conjunto de las administraciones creció en 20 puntos en tan solo un año. Los municipios no se salvaron de la tormenta, y su pasivo alcanzó un récord de 44.000 millones de euros, casi el doble con respecto a la cifra registrada a finales del año pasado.

Entonces, todos los niveles de la Administración impusieron duros ajustes para enderezar sus finanzas. Al mismo tiempo, entró en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que impuso un corsé para que el gasto público no se fuera de las manos en momentos de bonanza económica, fijando unos topes —marcados a nivel comunitario— a las tasas de deuda y el déficit.

Los balances de las corporaciones locales empezaron a sanearse más deprisa con respecto al resto de administraciones. Por un lado, su estructura de ingresos y gastos es menos sensible a los altibajos de la actividad económica. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es su principal fuente de ingresos y es una aportación que se mantiene estable aunque vengan mal dadas; los servicios que prestan, como el mantenimiento vial o la recogida de residuos, tampoco registran grandes fluctuaciones en el tiempo y no ejercen la misma presión sobre las cuentas públicas que la sanidad y la educación, de las que se encargan las comunidades.

Por otro lado, las normas presupuestarias a las que las corporaciones locales están sujetas son particularmente rígidas: es el único subsector de la administración pública obligado a diseñar sus presupuestos en equilibrio —es decir, sin contemplar desviaciones entre ingresos y gastos—, y los eventuales superávits que consigue se pueden dedicar casi únicamente a amortizar deuda.

Con estos mimbres, el conjunto de corporaciones locales fue rebajando año tras año sus números rojos. Una senda que se mantuvo durante casi una década, hasta la llegada de la covid-19. En 2021, la deuda municipal subió por primera vez desde el récord alcanzado en 2012, y en los dos años sucesivos siguió creciendo en su conjunto —si solo se consideran los ayuntamientos, que tienen en sus manos el grueso de la deuda, el monto no subió hasta 2022—, aunque a tasas moderadas.