Un giro puede tener el caso de la demanda contra el contrato que le entregó la empresa TransMilenio S.A. a La Rolita, la operadora distrital de transporte público de pasajeros, para la operación y mantenimiento del cable aéreo de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.
EL TIEMPO conoció que el ente gestor está evaluando la opción de proponer ante el juez administrativo que lleva el proceso un polémico pacto de cumplimiento, que implica la terminación del contrato, con todo el impacto que eso podría tener para la operadora de transporte.
Esta alternativa fue planteada a la junta directiva de La Rolita y con ello se estaría buscando concluir, de manera anticipada, el proceso de la acción popular que fue radicado en diciembre pasado.
La idea de TransMilenio, según pudo establecer este diario, es dar por terminado el contrato interadministrativo de operación y mantenimiento con La Rolita en diciembre de 2025, mientras realiza los estudios técnicos y financieros para abrir una licitación pública.
No obstante, la propuesta de TransMilenio ha sorprendido a algunos sectores de la administración distrital actual y de la anterior que conocen de la acción popular contra el contrato, por cuanto ha sido el mismo Distrito el que más ha criticado las decisiones del Juzgado 47 Administrativo del Circuito de Bogotá.
De hecho, este diario pudo establecer que el pasado jueves se interpuso una recusación en contra del funcionario judicial Carlos Enrique Palacios, por un posible conflicto de interés. El mismo juez negó este lunes la recusación. Además, TransMilenio está a la espera de que se resuelva una apelación en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El contrato interadministrativo entre TransMilenio y La Rolita fue celebrado hace un año, en la alcaldía de Claudia López, y por un plazo de 66 meses (5 años y 6 meses). El mismo entró en vigencia el 29 de diciembre pasado.
Cabe recordar que La Rolita es una empresa creada por TransMilenio, con el 80 por ciento de la participación accionaria, con el objetivo de prestar el servicio de transporte público de pasajeros en la ciudad. Comenzó en 2021 con la operación de rutas del servicio zonal y ya va a completar 6 meses con el cable de Ciudad Bolívar.
La acción popular fue interpuesta por la entonces concejal Lucía Bastidas (hoy directora de la Defensoría del Espacio Público) y en ella pidió declarar la nulidad del contrato interadministrativo y que se adelantara un proceso de selección.
En dicho recurso Bastidas, en coadyuvancia con una líder de Ciudad Bolívar, argumenta que no hubo convocatoria a una licitación y por tanto se vulneró el derecho colectivo de la moralidad pública.
Para ese momento, Bastidas había hecho varios pronunciamientos en el Concejo de la ciudad en los que señalaba la falta de experiencia de la operadora distrital en el transporte de pasajeros en cables aéreos.
La líder social María Tránsito Molina, quien acompañó la demanda, se pronunció en la misma línea que lo había hecho Bastidas en el Concejo.
Según le dijo a este diario la veedora, no se hizo una licitación y ahora se estarían presentando fallas en la operación del cable aéreo, como intermitencias por varios minutos y suspensiones del servicio de varias horas y rayones en las cabinas.
La empresa TransMilenio y La Rolita se abstuvieron de hacer pronunciamiento alguno sobre la demanda ante la consulta de este diario. No obstante, una fuente de la alcaldía le dijo a EL TIEMPO que esperaban la audiencia del 26 de junio próximo. Esta estaba programada inicialmente para este martes y fue reprogramada por solicitud de las partes.
Cabe recordar que desde la operadora de transporte distrital se ha señalado que el contrato interadministrativo cumplió con los requisitos de ley. En febrero pasado, por ejemplo, indicó que confiaba en que las razones, argumentos jurídicos y pruebas que allegaría ante el juez llevarían a que se ratificara la legalidad del contrato.
En desarrollo de la acción popular, el juez administrativo, luego de aceptar la demanda y de resolver un recurso de reposición, de oficio ordenó medidas cautelares preventivas en el sentido de que se adelante un proceso de selección del contratista para la operación y mantenimiento del cable y que TransMilenio realice estudios jurídicos, técnicos y financieros para dicho proceso.
Esa decisión fue criticada por el Distrito porque consideró que si ben el juez administrativo no declaró puntualmente la nulidad del contrato interadministrativo –algo para lo que no tiene competencia- sí tomó medidas que tienen el mismo o similar efecto, para las que tampoco sería competente.
Frente a esta situación, TransMilenio, La Rolita y la Secretaría Jurídica apelaron la decisión ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde también se encuentra el caso contra la creación de la empresa operadora distrital en el plan de desarrollo de la exalcaldesa Claudia López.
El mismo juez Palacios le dijo a EL TIEMPO que después de que se confirme la recusación, por parte de otro juez, él podría tomarse 3 meses para hacer un pronunciamiento de fondo. “Estoy hablando de manera hipotética, porque las decisiones son las que hablan”, señaló.
Sin embargo, aclaró que su actuación en el caso continúa, mientras el tribunal se pronuncia sobre la apelación a las medidas cautelares.
“Las medidas cautelares se toman con base en las graves irregularidades que se afirman en la demanda; uno lo que hace es tratar de contrarrestar las irregularidades para que no se causen perjuicios sobre el patrimonio de los bogotanos, la moralidad, la legalidad y salvaguardar el patrimonio público”, señaló Palacios, quien dijo que espera que lo dejen agilizar el proceso y “de forma rápida tomar una decisión”.
“El proceso todavía está en trámite, ni siquiera he podido abrir a pruebas porque los apoderados han recurrido todas las decisiones”, insistió el juez del caso.
Por ahora, lo que sí se puede anticipar es que una decisión de terminación del contrato de La Rolita para operar el cable aéreo de Ciudad Bolívar, como lo está considerando la empresa TransMilenio, afectaría los ingresos que esperaba obtener la operadora distrital de transporte recibir durante la ejecución del contrato y la expondría a demandas de proveedores y de más de 200 empleados, la mayoría de ellos mujeres.
GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ
Editor de Bogotá
En X: @guirei24
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