Este proceso ha afectado en el ámbito autonómico a los sectores de educación, sanidad y administración general. Está resuelto en los dos primeros y se está ultimando en el tercero, donde no se ha cumplido el plazo inicial previsto para su finalización, el 31 de diciembre de 2024.

«Actualmente se están publicando las listas definitivas de aprobados y en los próximos días se terminarán de publicar todas, se procederá a la elección de plazas y posteriormente se procederá a la toma de posesión», indica la Consejería de Hacienda y Administración Pública respecto a la finalización del proceso.

Precisamente, para agilizarlo, la Junta ha modificado y simplificado los trámites para la toma de posesión de las 3.193 plazas que han centrado la oposición extraordinaria en administración general, 447 a través de oposición y concurso y 2.746 por medio solo de concurso de méritos.

Pero como son más los funcionarios y laborales que han participado en el proceso que las plazas a cubrir, la Consejería de Hacienda y Administración Pública cifra en unos 500 los interinos y temporales que no han logrado consolidar su plaza en un proceso de estabilización en el que han participado más de 80 tribunales y que ha sido superado por el 75% de los funcionarios interinos y el 90% del personal laboral temporal.

«La Junta de Extremadura está cumpliendo con el proceso de estabilización que recoge la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad del empleo público», asegura Hacienda. «Se trata de un proceso selectivo extraordinario para consolidar plazas, por lo que las personas que cesan son aquellas que no han superado el proceso selectivo», recuerda.

Pero los cesados serán indemnizados y para eso «hay reservados y presupuestados 9,3 millones de euros, para compensar a aquellos que no han superado las pruebas y no estabilizan». Esta cuantía es el resultado «de la previsión de las compensaciones que vienen recogidas en la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. La propia ley estatal señala que la compensación económica será equivalente a veinte días de retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades».

No obstante, aún no hay ni una cifra cerrada de manera definitiva de interinos y temporales que serán cesados ni tampoco las cuantías que corresponderán a cada uno, puesto que «entran en juego una serie de indicadores individuales que condicionarían la compensación a recibir como son los años de servicio, las retribuciones fijas que cada uno haya devengado, su progreso en la carrera profesional horizontal, los trienios o complementos de antigüedad que tengan reconocidos, así como los complementos específicos», ha explicado en otras ocasiones el departamento que dirige Elena Manzano.

De hecho, aunque Hacienda cifra en 500 los empleados públicos que serán cesados tras la estabilización, la Asociación de personal interino y laboral temporal de Extremadura (Piltex) considera que serán bastantes más. «Las plazas que han salido son esas 3.193, pero son más de 6.000 los trabajadores de la Junta, entre interinos y temporales, que están en fraude de ley, así que serán cientos las personas que se vayan a la calle y, en muchos casos, después de haber estado trabajando más de 10 y 15 años», ha expuesto en más de una ocasión también Marisa González Galán, presidenta de una asociación que aglutina a más de 400 empleados públicos y que ha mantenido una postura contraria al proceso de estabilización.

Las fechas

Tampoco están cerradas las fechas en las que los empleados que no han logrado plaza serán cesados, porque los que las han conseguido no se incorporarán al mismo tiempo.

Cabe recordar que los trabajadores que van a estabilizar se corresponden con el número de plazas a concurso, 3.193, pero que 323 profesionales –236 ATE-cuidadores, 74 técnicos de Infantil y 13 intérpretes de Lengua de Signos– tomarán posesión de sus plazas una vez acabado el actual curso escolar.

El departamento que dirige Elena Manzano ha decidido retrasar la incorporación de estos profesionales en atención a la petición realizada por las familias de alumnos con necesidades educativas especiales y asociaciones del sector de la discapacidad, «para no afectar de forma grave y evidente a la educación de los niños», explicó la consejera el pasado enero, cuando se decidió el retraso tras una reunión con la Federación de madres y padres de alumnos (Freampa) y diferentes asociaciones representativas de las personas con discapacidad, que aplaudieron la decisión.

Sin embargo, los ATE, TEI e intérpretes que han logrado una plaza en propiedad en el proceso de estabilización, y que no se podrán incorporar a la misma hasta que finalice el curso escolar, consideran que el retraso es un agravio comparativo con respecto a los otros profesionales de otras categorías que se incorporarán antes.