La titular del juzgado de lo Mercantil número 18 de Madrid ha desestimado la petición de medidas cautelarísimas solicitada por Global Alconaba, sociedad propietaria del 7,076% de PRISA, editora de EL PAÍS, para suspender con carácter de urgencia dos acuerdos aprobados por el consejo de administración el pasado 25 de marzo, vinculados a una ampliación de capital y un acuerdo para la refinanciación de la deuda. En concreto, el auto apunta a una “ausencia de una argumentación rigurosa relativa a este plus de urgencia y la carencia evidente de documentación esencial que, como reconoce el solicitante, deberá aportar la demandada”. Por ello, rechaza anular los acuerdos “sin dar previa oportunidad de audiencia a la parte demandada”.

El 25 de marzo, el consejo de administración de PRISA acordó realizar una ampliación de capital por un importe de 40 millones de euros, con cargo a aportaciones dinerarias, mediante la emisión de 108.108.108 nuevas acciones, representativas del 9,95% del capital, a través de una colocación acelerada entre nuevos inversores privados, excluyendo el derecho de suscripción preferente de los accionistas ya presentes en el accionariado, tal y como comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El objetivo de la obtención de dichos fondos es cancelar un tramo de deuda junior, por importe de 39,992 millones de euros, por la que pagaba intereses más altos, de euríbor más un diferencial del 8%. Dicha cancelación era una condición suspensiva exigida por los acreedores financieros para la formalización de la nueva refinanciación de la deuda del grupo, de 750 millones de euros a cierre de 2024, su nivel más bajo en dos décadas. PRISA negocia con estos acreedores un pacto para ampliar los vencimientos del pasivo a 2029, a cambio del abono de una comisión de refinanciación y un ajuste en los márgenes.

Global Alconaba, como persona jurídica, y Andrés Varela Entrecanales, como su representante en el consejo de administración de PRISA, acudieron a la justicia mercantil para reclamar por la vía de urgencia la nulidad del acuerdo de ampliación, ya inscrito en escritura pública desde el 27 de marzo, al considerar no debidamente justificada la exclusión del derecho de suscripción preferente, “entendiendo que no tiene otro fin que la dilución de su posición en el accionariado”, según reza el auto.

Por una parte, estos accionistas piden la nulidad del acuerdo de ampliación, y por otro, la impugnación del plan de refinanciación, centrando la petición cautelar urgente en dos cláusulas contenidas en el acuerdo: la vinculada a la destitución del presidente de PRISA y primer accionista, Joseph Oughourlian, que supondría una causa de vencimiento anticipado de la deuda; y la relativa al cambio de control, que eleva hasta el 25% el capital necesario para que un accionista la active. Los procesos de adopción de medidas cautelarísimas, en los que no se oye a la parte demandada, se resuelven en un plazo máximo de 48 horas. Tras ser rechazadas, la jueza convoca a las dos partes a una vista de medidas cautelares para el próximo 23 de abril.