La enviada del PSOE ofreció beneficios judiciales a cambio de material contra la UCO: "Te siento con la Fiscalía"


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Key Allegation

A PSOE (Spanish Socialist Workers' Party) representative, María Leire Díez Castro, allegedly offered Alejandro Hamlyn, a businessman under investigation for a hydrocarbon scheme, a deal with the State Attorney and the Prosecutor's Office in exchange for damaging information about Lieutenant Colonel Antonio Balas of the Guardia Civil.

The Meeting

The meeting, held in February, involved Díez, Hamlyn, Javier Pérez Dolset (also under investigation for fraud), and a lawyer. Díez aimed to discredit Balas, who is leading investigations involving Pedro Sánchez's family and other high-profile figures.

The Offer

Díez and Pérez Dolset promised to help Hamlyn secure a favorable deal, offering an agreement with the State Attorney and the Prosecutor's Office. Hamlyn, who'd already paid significant sums to the Tax Agency, was hesitant but intrigued by the offer of a 'different kind of deal.'

Hamlyn's Deception

The article reveals that Hamlyn lacked the promised incriminating information on Balas. The negotiations stalled because he had nothing to offer in exchange for the proposed judicial benefits.

Further Allegations

Sources close to the PSOE claim Díez has engaged in similar activities with other investigated individuals, promising benefits like Spanish nationality and government pardons.

Overall

The article details an alleged attempt by a PSOE representative to leverage an ongoing investigation into a high-profile businessman to hinder a separate investigation into the Spanish government.

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La fontanera del PSOE y Moncloa, María Leire Díez Castro, aseguró al empresario Alejandro Hamlyn, investigado en la Audiencia Nacional por una trama de hidrocarburos, que le conseguiría un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía si le proporcionaba información comprometedora del teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y máximo responsable de las investigaciones judicializadas sobre la mujer y el hermano de Pedro Sánchez, el fiscal general del Estado y el caso Ábalos/Koldo.

Como adelantó El Confidencial este lunes, la reunión entre Leire Díez y Hamlyn se produjo por videoconferencia y tuvo lugar el pasado febrero. La mano derecha de Santos Cerdán en las cloacas del Estado y directora de Relaciones Institucionales de Correos hasta febrero de 2024 acudió al encuentro acompañada por el empresario Javier Pérez Dolset, que está procesado por fraude en las subvenciones públicas, y el abogado Jacobo Teijelo. También había otros letrados en la sala, aunque estos apenas hablaron.

Leire Díez tenía motivos para reunirse con Hamlyn. Había oído que el empresario, que fue detenido precisamente por la UCO en abril de 2019 en la llamada operación Drake por provocar presuntamente un fraude fiscal de 154 millones de euros con la venta de combustible, tenía material sensible sobre los agentes de la Guardia Civil que lo habían sentado en el banquillo.

Leire Díez reconoció al comienzo de la charla que su objetivo era acabar con la “Camorra de la Guardia Civil” y que su gran prioridad era el teniente coronel “Balas”. “Necesito a Balas (…) Desmontando ese ya no está dicho el pueblo, que se desmontan otras muchas cosas. ¿Vale? No hará falta que te diga más”, dijo Leire Díez, como recoge la grabación del encuentro, a la que ha tenido acceso este diario.

Hamlyn afirmó que efectivamente disponía de información sensible sobre el mando de la Guardia Civil que interesaba al PSOE y que estaba dispuesto a compartirla, pero quería saber qué obtendría a cambio. La Fiscalía pide que le condenen a 50 años de cárcel por el fraude de hidrocarburos.

Los audios demuestran que Leire Díez y Pérez Dolset le prometieron que intercederían ante las partes que impulsan su procedimiento en la Audiencia Nacional para allanar su futuro. “¿Qué es lo que nosotros podemos traer a la mesa? Y te lo digo así a lo bestia. Un acuerdo con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía”, planteó Pérez Dolset, que lleva casi dos años colaborando con el aparato de propaganda de Ferraz.

La oferta no convenció a Hamlyn, que recordó a sus interlocutores que ya había pagado 1.500 millones de euros a la Agencia Tributaria para tratar de alcanzar un acuerdo. El industrial explicó que estaba dispuesto a seguir pagando para conseguir un pacto que no llegaba nunca.

Pero, en ese momento, intervino otra vez Leire Díez para aclararle que no le estaban proponiendo simplemente que abonara su deuda, sino otro tipo de acuerdo con el Ministerio Público. “Te voy a ofrecer una cosa ¿Vale? Te voy a ofrecer una cosa. Es decir, yo te puedo sentar con fiscalía. O puedo proponer que te sientes con Fiscalía”, afirmó la enviada del PSOE.

“No, si con Fiscalía nos hemos sentado 40 veces. Pero no, no avanzamos”, repitió el empresario. Pero Leire Díez insistió en que, si le daba la supuesta información que atesoraba sobre el teniente coronel de la UCO, se abriría un escenario nuevo para él. “No para tomar una cerveza, hombre. Álex [Hamlyn], cuando yo digo sentarte con alguien, es sentarte con alguien para un fin determinado”, remachó la dirigente colocada por el Gobierno en Correos.

El investigado por la Audiencia Nacional advirtió a los representantes de que se encontraba en Dubái y que no tenía previsto viajar a España. Pero eso tampoco pareció un problema para la negociación. “No pasa nada, porque los fiscales también se mueven. En este país viajan, no hay ningún problema en eso. Eso no hay ningún problema”, adelantó Leire.

No obstante, esta avisó al empresario de que, para que sus gestiones tuvieran éxito, necesitaba información sólida sobre Balas, no simples rumores. “El día que ese fiscal viaje, que va a ser más pronto que tarde, o sea… ya no puede haber generalidades ni vaguedades. ¿Vale?”, subrayó la fontanera de Santos Cerdán.

Hamlyn preguntó por otro frente que le inquietaba. Relató que, además de sus problemas con la Audiencia Nacional y la Agencia Tributaría, ya había pagado 60 millones a la Hacienda Foral del País Vasco porque su holding estaba domiciliado en esa comunidad. Según su versión, el fisco de Euskadi le reclamaba más dinero.

Leire Díez, natural de Portugalete (Vizcaya), le prometió que también le solucionaría ese problema, pero que irían paso a paso. “Eh… la [Hacienda] Foral, la Foral, como tú bien sabes… Es un mundo aparte. Hablaremos con ellos (…) Escucha, escúchame. Hablaremos con ellos. ¿Vale? Pero eso es otra negociación. Y para que esta negociación yo la pueda empezar, necesito que esta empieza a...”.

Según la fontanera de Santos Cerdán, si caía el teniente coronel de la UCO, todos los dolores de cabeza de Hamlyn desaparecerían. “Si se demuestra esto de Balas, todo lo demás viene dado”, repitió insistentemente. Le aseguró incluso al industrial que podría recuperar el dinero que ya había entregado a la Agencia Tributaria y la Hacienda Foral.

Hamlyn pareció aceptar el trato y dijo que incluso tenía pruebas de que mandos de la UCO habían participado en la introducción de contenedores llenos de cocaína en España para alimentar aún más las expectativas de su audiencia. Estas palabras terminaron de alegrar a Leire Díez, y ambas partes se emplazaron a mantener nuevos encuentros para sellar definitivamente la entrega de información a cambio de beneficios judiciales.

Pero lo cierto es que Hamlyn no disponía de ninguna información comprometedora de Balas ni del resto de los agentes del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO que están trabajando en las causas judiciales que acorralan de Pedro Sánchez. No tenía nada que poner sobre la mesa y las conversaciones con el PSOE entraron en vía muerta.

Fuentes cercanas a Ferraz aseguran que Leire Díez ha mantenido encuentros similares con otros empresarios y políticos investigados por la Guardia Civil. En algunos casos, como ya desveló El Confidencial el pasado septiembre, les ha prometido la concesión de la nacionalidad española e incluso un indulto del Gobierno.

La fontanera del PSOE y Moncloa, María Leire Díez Castro, aseguró al empresario Alejandro Hamlyn, investigado en la Audiencia Nacional por una trama de hidrocarburos, que le conseguiría un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía si le proporcionaba información comprometedora del teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y máximo responsable de las investigaciones judicializadas sobre la mujer y el hermano de Pedro Sánchez, el fiscal general del Estado y el caso Ábalos/Koldo.

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