La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la semana pasada la gran ley de rebaja de impuestos y recortes de gasto impulsada por Donald Trump. Se trata en realidad de una ley ómnibus (“Una gran y hermosa ley”, se llama la norma) de más de 1.000 páginas que recoge buena parte del programa con que el Partido Republicano concurrió a las urnas el pasado 5 de noviembre. Incluye fondos para la deportación de inmigrantes y para el Pentágono, entre sus múltiples disposiciones. El texto legal aún tiene que pasar por el Senado y, previsiblemente, volver a la Cámara baja para su aprobación definitiva.

Las medidas supondrán un aumento del déficit y de la deuda en un momento en que los inversores han hecho sonar la alarma sobre lo insostenible de la senda fiscal de Estados Unidos y exigen rentabilidades cada vez más altas a sus bonos del Tesoro.

La ley prorroga y amplía las rebajas fiscales del primer mandato de Trump, que tenían carácter universal pero beneficiaban especialmente a las rentas más altas y las empresas. A ellas suma alguna de las promesas electorales de Trump, como la exención de impuestos a las propinas y las horas extraordinarias y nuevas deducciones sobre las pensiones. También se amplía la deducción universal y la destinada a compensar el pago de impuestos estatales y locales. Como guinda, se introduce una especie de cheque-bebé de 1.000 dólares en una cuenta abierta para los nacidos entre 2025 y 2029. Esa era una medida que Trump denigraba cuándo era una propuesta demócrata, pero que ahora abraza hasta el punto de bautizar sin pudor como “cuentas Trump” las abiertas en favor de los recién nacidos.

Para compensar parcialmente esas masivas rebajas de impuestos —en un país que ya tiene una baja presión fiscal—, se incluyen en la ley recortes de gasto social que dejarán sin cobertura sanitaria y ayudas alimentarias a millones de ciudadanos.

Estados Unidos ha sido capaz de sobrellevar su crisis fiscal gracias en parte al papel del dólar como moneda de reserva mundial (puesto en duda por su política comercial), pero esa dinámica tiene un límite tras el cual la carga de la deuda lastra irremisiblemente el crecimiento.

Moody’s retiró la semana pasada a la deuda de Estados Unidos la calificación de máxima solvencia que le concedía hasta ahora, como en su día hicieron Standard & Poor’s y Fitch. La agencia de calificación expresó su temor a que el déficit federal, del 6,4% en 2024, se dispare hasta el 9% del producto interior bruto (PIB) en 2035 por el aumento de los intereses de la deuda y el gasto en prestaciones y la generación de ingresos relativamente baja. La deuda pública pasaría del 98% en 2024 al 134% del PIB en 2035. Además, ante la deriva autoritaria de Trump, Moody’s se veía forzado a decir que espera que Estados Unidos mantenga la separación de poderes y el Estado de derecho, una declaración insólita en sí misma.

La ley agrava el principal problema de la primera economía del mundo en un momento en que su crecimiento se ha frenado por la errática política arancelaria del presidente, que hace tres días avivó la guerra comercial con la amenaza de aranceles del 50% a las importaciones europeas.

La declaración de guerra comercial ya estuvo a punto de desencadenar una crisis financiera global en abril. La política fiscal que definen las nuevas medidas es una bomba de relojería que, por el tamaño de la economía estadounidense y por sus interconexiones, agita de nuevo ese fantasma.