Salvador Illa presume de que cumple con sus acuerdos y este junio desencallará al menos tres de sus promesas. Ya no solo las que hizo a ERC y los Comuns a cambio de unos preciados votos que suman mayoría y le dan estabilidad, sino las que hizo a su propio electorado. Este miércoles el Parlament convalidará el tercer y último suplemento de crédito que elevará hasta los 4.000 millones la inyección de recursos a una administración con presupuestos prorrogados e Illa podrá encarar entonces proyectos que no convencen a sus socios y que ha mantenido hasta ahora en un cajón, pero de los que nunca ha desistido, como lo es la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

La propuesta de la Generalitat está diseñada por un comité técnico, y estaba prácticamente cerrada a finales de enero. Sin embargo, para dar aire a la negociación con los socios, el Govern decidió posponer sus planes, y será en los próximos días cuando se dé a conocer el proyecto elaborado por expertos en la infraestructura con el beneplácito de ambientólogos designados por el Govern. Con ello, Illa volverá a acercarse a las patronales que han sido críticas con varias de sus medidas, en especial, por su intervención en el mercado de la vivienda.

Illa defiende que la ampliación del aeropuerto es imprescindible para que Barcelona acoja más vuelos intercontinentales e "internacionalizar" así la economía catalana, pero trabaja para que haya compensaciones ambientales y, asegura, un escrupuloso respeto al espacio protegido. 

Para que Esquerra avale el proyecto, se pretende retocar la gobernanza y se plantea que la Generalitat pueda participar de la toma de decisiones del aeropuerto con un modelo parecido al del Puerto de Barcelona a través de la creación de la Autoritat Aeroportuària de Catalunya y de un nuevo consejo rector, como ya se fijó en el pacto de investidura de Illa.

El veto de los Comuns al plan del Govern se da por descontado, y de hecho la coordinadora Candela López ya alertó en una entrevista en EL PERIÓDICO que su partido haría todo lo que estuviera en su mano para frenar la ampliación.

La principal palanca con la que podrán presionar es la aprobación de los presupuestos de 2026, aunque de ellos depende buena parte de la continuidad de las medidas ya pactadas, especialmente en materia de vivienda.

Desde el Govern recuerdan que el precedente del Hard Rock -cuyo veto de los Comuns propició el adelanto electoral de Aragonès- se resolvió 'pactando la discrepancia', en aquel entonces fue señalando que se recuperaría la presión fiscal inicial y que el Govern no facilitaría la construcción, si bien siguen pendientes del interés que tengan los inversores.

Tampoco hay elecciones a la vista, y la ampliación va para largo -no se vislumbra ninguna excavadora en El Prat hasta la próxima legislatura-, así que hay margen para que no impacte en la estabilidad de Illa, porque además el Govern se acoge a que este proyecto no debe ser avalado por el Parlament, aunque contaría con una amplia mayoría si así fuese por la predisposición exhibida por Junts.

En el cuartel republicano pesan mucho más las otras dos promesas: financiación y Rodalies. Los estatutos de la nueva empresa que gestionará los trenes y el nuevo modelo económico se darán a conocer también este mes, ideados por grupos de expertos entre los cuales hay afines a Esquerra que custodian que cumpla con los criterios pactados para la investidura y, paralelamente, se revisa su viabilidad con el Gobierno de Pedro Sánchez para que no haya discrepancias.

A finales de mes, si nada se tuerce, se celebrarán dos comisiones bilaterales -la de Estado-Generalitat y la mixta de asuntos económicos y fiscales- para que sancionen el acuerdo en materia de financiación singular, elevándolo a un pacto entre instituciones y no solo entre partidos- y después ya comenzará el cortejo a Junts para que lo avale en el Congreso. Mientras se dosifican los anuncios de refuerzo de la plantilla de la Agència Tributària de Catalunya para poder recaudar el IRPF en 2026, también se define qué otros impuestos podrá empezar a asumir la administración catalana.

La concreción de la cuota de solidaridad sigue siendo la principal incógnita, pero a esto se acogerá Illa para defender ante los barones del PP que el modelo catalán es, valga la redundancia, solidario, y una oportunidad para otras autonomías infrafinanciadas como la Comunitat Valenciana o Andalucía. El viernes 6 de junio, en Barcelona, el president se verá las caras con sus homólogos en la Conferencia de Presidentes, pero nada apunta a un debate sereno como el que reclama.

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