In Peru, only 30% of workers hold formal jobs, leading to low productivity. A worker in the formal sector is over six times more productive than one in the informal sector (INEI data). This low productivity discourages informal businesses from formalizing, as benefits might not outweigh the costs (World Bank).
Over 160,000 young people (15-29 years) left the workforce between 2019 and 2024. 60% of young workers are informally employed, double the rate of older adults. High informal employment rates are linked to a lack of experience needed for formal jobs (Ministry of Labor).
Non-salary labor costs in Peru are high (70% of average formal sector salary), partly due to severance pay and profit-sharing. Despite low productivity, Congress is pushing for increased labor costs, potentially hindering formalization.
Professionals earn 84% more than those with secondary education (IPE). Higher education also reduces the chance of shifting from formal to informal work. However, increasing university access without quality assurance is problematic. The percentage of professionals working in jobs not requiring higher education is rising.
Policies should prioritize quality education and support a smoother transition to formal employment, particularly for vulnerable groups, instead of measures that increase costs and hinder formalization.
En el Perú solo tres de cada diez trabajadores cuentan con un empleo formal. La informalidad se traduce en bajos niveles de productividad que frenan la mejora de la calidad de vida de las personas y el crecimiento. Que el Día del Trabajador recuerde a nuestras autoridades que urge priorizar medidas que verdaderamente impulsen un mercado laboral más competitivo, dejando de lado propuestas populistas que solo hacen más difícil el tránsito a la formalidad.
Según el INEI, en 2024, el 71% de trabajadores en el país era informal, cifra muy por encima en comparación con otros países de la región, según datos de la OIT. La alta informalidad laboral se asocia con una baja productividad del trabajador. Así, el Perú se encuentra ampliamente rezagado frente a los niveles de productividad laboral de Chile, Colombia y México, acercándolo más a lo que registran países como El Salvador.
Son claras las diferencias entre la capacidad productiva de los trabajadores en empresas formales e informales. Usando cifras del INEI, el IPE calcula que un trabajador promedio en el sector formal produce más de seis veces lo que genera un trabajador del sector informal. De acuerdo con el Banco Mundial, en este contexto de baja productividad laboral, las empresas informales tienen pocos incentivos para formalizarse debido a la falta de suficientes beneficios potenciales frente a los costos percibidos.
Los más afectados por la alta informalidad son los jóvenes. El 60% de los trabajadores menores de 30 años es dependiente informal, el doble en comparación con el resto de los adultos (29%). Además, uno de cada cuatro jóvenes con empleos formales está en riesgo de caer al sector informal al año siguiente. Este problema está asociado, en parte, con la necesidad de las empresas formales de contar con trabajadores con mayor experiencia. Según el Ministerio de Trabajo, en 2024, el 85% de las empresas formales que tuvo dificultades para cubrir sus vacantes indicó que sus postulantes no contaban con los años de trabajo necesarios.
Según el Banco Mundial, los costos laborales no salariales en el Perú bordean el 70% del salario promedio en el sector formal, el tercero más alto de la región. Ello debido al elevado pago de las indemnizaciones por despido y la distribución obligatoria de las utilidades. En un contexto de baja productividad y altos costos laborales, sin embargo, el Congreso viene promoviendo el encarecimiento de estos, por ejemplo, mediante las propuestas que buscan incrementar los porcentajes y las reglas de distribución de las utilidades.
Según el IPE, un profesional gana, en promedio, 84% más que una persona con secundaria completa. Además, contar con estudios superiores reduce a la mitad la probabilidad de que un trabajador formal caiga en la informalidad de un año a otro en comparación con una persona con secundaria completa. Por eso, parecería una buena idea la creación masiva de nuevas universidades y la implementación de un “ciclo cero” obligatorio como único mecanismo de admisión universitaria, ambas medidas propuestas por el Congreso.
Sin embargo, eliminar los requisitos de acceso a universidades, sin garantizar una enseñanza de calidad, tiene serios efectos negativos. En efecto, según cálculos del IPE, entre 2014 y 2023, la proporción de profesionales que laboran en una ocupación que no requiere estudios superiores se elevó de 33% a 38%, un máximo desde que se tiene registro. Peor aún, el Ministerio de Trabajo estima que solo el 7% de los nuevos puestos demandados por empresas formales en 2025 requieren título universitario.
Las medidas propuestas omiten que, más que promover un mayor número de estudiantes universitarios, lo importante es asegurar que estos concluyan sus estudios y que estos sean de calidad. En 2023, el 14% de jóvenes menores de 30 años había desertado de la universidad. Estos solo perciben, en promedio, 14% más ingresos que un trabajador con estudios secundarios, por lo que hubiera sido más rentable (35% más ingresos), en cambio, completar sus estudios técnicos de menor duración.
Que el Día del Trabajador recuerde al Congreso que dificultar el tránsito a la formalidad perjudica al trabajador peruano, especialmente a los más vulnerables, como los jóvenes y aquellos con menor nivel educativo.
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