La ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, afirmó que desde el Ejecutivo están a la espera de que el fiscal nacional, Ángel Valencia, confirme o desmienta una información de prensa que señala que desde el Ministerio Público se habría solicitado intervenir el celular del Presidente Gabriel Boric.

Esto, luego de que el medio Ex-Ante indicara que, en el marco del Caso ProCultura, el fiscal Patricio Cooper habría solicitado la medida intrusiva en contra del jefe de Estado, luego de que en grabaciones obtenidas del celular de Patricio Larraín, fundador de la citada fundación, habría aparecido información relacionada con el jefe de Estado. Sin embargo, la interceptación del teléfono del mandatario fue negada por un tribunal de garantía, de acuerdo con el mismo medio.

Así, la ministra Etcheverry sostuvo que “a propósito del trascendido que apareció hoy en la prensa, nos parece muy relevante precisar algunos puntos: las conversaciones que tienen los jefes de Estado son conversaciones que, en muchos casos, son con presidentes de otros países, son conversaciones que abordan temas estratégicos como migraciones, como economía, como en materia de seguridad, por lo tanto, por esta razón, por la naturaleza que tienen las conversaciones de los jefe de Estado en general, es que tienen un estándar de protección que es más alto, porque si son conocidas por terceros, podrían eventualmente comprometer la seguridad nacional”.

“Esa es la gravedad del asunto, que aquí estamos hablando de jefes de Estado”, indicó la secretaria de Estado. “Es por eso que nosotros lo que esperamos, estamos a la espera de aquello, es que el Ministerio Público, que el fiscal nacional, Ángel Valencia, pueda confirmar o negar este trascendido de prensa. Porque por ahora lo que tenemos es eso, un trascendido”, relevó.

“Estamos a la espera de que sea la propia Fiscalía quien pueda aclarar si es que este trascendido es cierto o no, y a partir de ahí tomar los resguardos que sean necesarios”, agregó.

Cabe recordar que el viernes, La Tercera informó que un “pinchazo” al teléfono del exjefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, también en el marco del caso ProCultura, provocó que se abriera una investigación penal contra la destituidas senadora Isabel Allende por su rol en la fallida compra venta de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende.