El comandante Fredy Rivera, brigadier mayor del Cuerpo General de Bomberos, advirtió que no se puede ingresar a las estructuras afectadas: “Los incendios se propagaron de arriba hacia abajo”. La escena, nuevamente, expuso un patrón que se repite en el Centro de Lima: la presencia de almacenes clandestinos, ubicados en zonas patrimoniales, sin condiciones mínimas de seguridad, pero operando sin fiscalización.

Almacenes clandestinos

Fotos: Julio Reaño/ @photo.gec

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El Comercio realizó un recorrido por los principales jirones de Barrios Altos, buscando identificar no solo qué tipo de mercadería se almacena en estos predios, sino quiénes están detrás. En varios recorridos, encontramos al menos cuatro grandes almacenes que operan sin control alguno.

Todas estas empresas tienen algo en común: trabajan con almacenes establecidos en edificios de más de ocho pisos, sin ventanas ni ventilación adecuada, contraviniendo la normativa municipal. Además, acumulan objetos altamente combustibles como cajas, bolsas, globos, flores sintéticas, maquillaje, maletas, carteras y más. El riesgo es evidente, pero la falta de fiscalización permite que permanezcan estas bombas de tiempo.

Uno de esos locales es el del Grupo LQ, uno de los recientemente afectados por el incendio. Esta empresa importadora de origen chino ofrecía una gran variedad de productos para el hogar a través de redes sociales: carteras, mochilas, toallas húmedas, lentes, entre otros. Las ventas eran exclusivamente al por mayor. Pese a las normas vigentes, operaban con un amplio almacén clandestino en Barrios Altos, que ellos mismos mostraban en redes sociales, evidenciando la gran cantidad de cajas acumuladas y las precarias condiciones en las que laboraban sus trabajadores. El representante legal de la empresa fue identificado como Lou Haoyu.

Una situación similar se constató en el caso del Grupo Fey, otra importadora asiática que opera un almacén de más de ocho pisos en el jirón Puno. En plena luz del día, invaden las veredas y la vía pública para descargar mercadería. A pesar de que las ventanas del edificio han sido polarizadas, desde el exterior es posible observar el amontonamiento de objetos en los niveles superiores. Además, en sus redes sociales han difundido imágenes que muestran cómo se maneja el espacio interior. Esta empresa es dirigida por Zhan Zhicheng.

A unas cuadras de allí se encuentra el almacén de Importaciones D’Marita, un edificio de nueve pisos ubicado en la cuadra ocho del jirón Huanta. La estructura, equipada con amplios portones de metal, funciona sin pausa durante el día y la noche. Estibadores de la zona aseguran que camiones de gran tamaño ingresan de madrugada para dejar mercadería. Según sus redes sociales, la empresa comercializa útiles escolares, flores sintéticas y ropa al por mayor, dependiendo de la campaña o temporada.

Este local ha sido objeto de sanciones e incluso de una intervención por parte de fiscalización de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Según un documento del Ministerio de Cultura, en 2021 se le impuso una multa de 5.25 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a Marilú Rudas Pantoja, actual representante de la empresa, por haber construido sin autorización varios niveles adicionales en el inmueble, ubicado en pleno Centro Histórico. Las autoridades determinaron que las obras, realizadas entre 2016 y 2021, excedieron los límites de altura permitidos y provocaron una grave alteración del perfil urbano de la Zona Monumental de Lima.

En la cuadra 9 del jirón Cusco, otro punto crítico es el local de la empresa China Bit, que también destaca por descargar mercadería invadiendo la vía pública. En su fachada, aún se observan bloques de cemento que indican que el establecimiento fue clausurado en algún momento. Sin embargo, estos fueron desplazados y la operación continúa. En redes sociales, la empresa -representada por Keyla Mori Bazán- muestra cómo grandes camiones de carga descargan cajas en plena madrugada, a pesar de que en esta zona patrimonial está prohibida la actividad de almacenaje, carga, descarga y tránsito de vehículos pesados.

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Impunidad

El comandante Fredy Rivera, brigadier mayor del Cuerpo General de Bomberos, informó que durante los trabajos de control del incendio registrado a inicios de marzo en el jirón Junín, pudo presenciar cómo, a medianoche, camiones de carga llegaban hasta los almacenes clandestinos cercanos a la zona de emergencia, pese al fuego y a la crisis que se enfrentaba en el lugar. Precisamente estos hechos también fueron denunciados por este Diario en una entrega anterior donde registramos cómo operan los almacenes durante las madrugadas.

El abogado Marco Gamarra explicó que existen dos ordenanzas de la Municipalidad Metropolitana de Lima que prohíben la actividad de almacén y depósito en Barrios Altos: la N° 893, del año 2005, y la N° 2194, del 2019. “Esto está prohibido porque el centro histórico de Lima, en especial Barrios Altos, tiene un valor cultural importante y esta normativa busca proteger el valor cultural y preservar el valor urbanístico del conjunto con su volumetría, la altura de los edificios históricos y los estilos arquitectónicos. Básicamente es para mantener el carácter testimonial de los monumentos”, señaló.

Asimismo, resaltó que la ordenanza N° 2195 regula la zonificación en el Centro Histórico de Lima y establece que la actividad de depósito es un uso no conforme, es decir, está prohibido. “Barrios Altos tiene dos zonas de tratamiento especial (...) Esto implica que tiene un uso residencial, comercial y zonal o de vivienda-taller. También hay otros usos como el hospital, áreas de recreación pública, pero la actividad de depósito no está contemplada”, indicó.

Por su parte, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) tiene la facultad de investigar y sancionar las construcciones de depósitos y las actividades de almacén. Sin embargo, las medidas que adopta -como las clausuras- no resultan efectivas. Esto, según el experto, evidenciaría una falla en la fiscalización.

El abogado penalista Aaron Aleman explicó que los almacenes, de configurarse como clandestinos, podrían encuadrarse dentro del delito de exposición al peligro de muerte o de grave e inminente daño a la salud pública, cuya pena es no menor de uno y hasta cuatro años. En ese sentido, también se podría ejecutar la clausura definitiva de dichos locales. Además, se podría ordenar la liquidación de la sociedad o grupo empresarial responsable y prohibirles realizar las mismas actividades en el futuro. También podría imponerles una multa de hasta 500 UIT.

“¿Qué sucede si es que en estas condiciones de incendio, mañana o más tarde fallece alguien? Ahí se podría hablar de un delito de homicidio calificado bajo el artículo 108. La pena es no menor de 15 y hasta 35 años de cárcel porque habría esta producción de la muerte a partir de un fuego o cualquier otro medio que podría haber causado este peligro a la vida y a la salud de las personas”, explicó el abogado Aleman.

El presidente de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, Román Nazario Álvarez, defendió la existencia de estas edificaciones y aclaró que no pueden ser calificadas como clandestinas, ya que tributan, aunque no se encuentren dentro del reglamento de uso. “Tienen declaración de catastro, pagan impuestos prediales y arbitrios como almacenes. Para el tema tributario están declarados, el tema es reglamentario, ni siquiera por su construcción porque cuentan con declaratoria de fábrica”, explicó.

Nazario Álvarez señaló que estos almacenes no cuentan con licencia de funcionamiento debido a las restricciones impuestas por las ordenanzas que regulan el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima. “Estos almacenes vienen funcionando y construyéndose. La municipalidad tiene pleno conocimiento de ello. Es más, nosotros estamos en una permanente lucha con ellos tratando de generar algunas mesas de trabajo para que estas normas sean modificadas”, sostuvo.

El representante también indicó que han presentado diversos proyectos a la municipalidad con el fin de regularizar el funcionamiento de los almacenes, cumpliendo incluso con los requisitos de seguridad contra incendios. No obstante, aseguró que hasta la fecha no han recibido respuestas ni soluciones concretas. “La red de Sedapal es un desastre. Eso es responsabilidad de la MML porque no presiona a los funcionarios públicos para que levanten esa red que ya está obsoleta por el tiempo”, enfatizó.

Al ser consultado sobre el carácter monumental de las zonas donde operan estos almacenes -e incluso sobre las sanciones impuestas por el Ministerio de Cultura a algunos representantes de estos locales-, respondió que el criterio de la ordenanza que limita sus actividades es erróneo, pues debió partir desde un enfoque económico. “Es completamente falso que dentro del área -donde se registraron incendios- haya algún monumento histórico”, replicó, pese a las sanciones registradas.

Finalmente, el vocero aseguró que los recientes incendios registrados en Barrios Altos han sido producto de actos vandálicos vinculados a mafias de extorsionadores que amenazan a los comerciantes. “Estos incendios se han producido por sabotaje y vandalismo producto del pago de no cupos, completamente documentado”, concluyó.