The article centers on Salomé Pradas, a former councilor in Valencia, Spain, who was responsible for emergency management during devastating floods. Pradas admitted to the judge that she lacked the knowledge and experience to handle the crisis, claiming she was unprepared for the role and lacked the necessary skills to assess information and mobilize teams. She also shifted responsibility to her subordinates and state agencies.
Pradas's actions led to her dismissal 22 days after the flood by President Carlos Mazón. The article highlights the political and personal costs she faced, including public criticism and potential legal ramifications. The judiciary's investigation is ongoing, and the article questions political responsibility in appointing individuals ill-equipped for their roles. It further points out the frequent practice of politicians shifting blame to public servants.
The article criticizes the practice of politicians shifting blame onto civil servants and raises concerns about the lack of accountability. It concludes by emphasizing public outrage and astonishment at Pradas's handling of the crisis, questioning her suitability for the position, and highlighting the human cost of her actions.
Sin conocimiento de la materia y sin experiencia en la gestión de Emergencias. Así se justificó Salomé Pradas ante la jueza de la dana el pasado viernes, entre lágrimas. La exconsellera asumía el precio que suponía reconocer que no sabía cómo dirigir una crisis en el momento más trágico de la historia valenciana: se sinceraba ante la magistrada al trasladarle que no estuvo preparada para el cargo, pues no tenía lo que los profesionales definen como “habilidad” o “competencia” para valorar la información que le llegaba, ni la destreza para movilizar a sus equipos. Para eso, hace falta experiencia y formación, y de ambas carecía. ¿Por qué entonces aceptó ser consellera con un área tan compleja como Emergencias? Pero el precio de la salvación fue aún más elevado, pues descargó en los “técnicos” (funcionarios y profesionales) y en algunos de sus subordinados, la responsabilidad de la gestión y de las decisiones adoptadas desde el día 28 de octubre hasta la madrugada del 30. Ella, añadió, solo era una “representante institucional”.
Salomé Pradas pagó ya un precio elevado por su gestión cuando a los 22 días de la dana Carlos Mazón la destituyó. Nunca se explicó si fue por lo sucedido el día 29 en Emergencias o por algunas declaraciones muy desafortunadas, o por todo a la vez. Decisión del president que dejaba a la exconsellera en el punto de mira de una gestión que la jueza cuestiona de forma contundente en su instrucción. Ese fue el precio político que pagó Pradas; al que ha acompañado, inevitablemente, un precio personal, el de saberse en la diana de familiares de las víctimas y de no pocos damnificados. Hay mucho dolor en esta tragedia. Quedaba por saber cuál sería el precio a pagar por la investigación judicial, y ya lo hemos conocido: la exresponsable de Emergencias no está dispuesta a asumir ninguna responsabilidad y, por lo tanto, ninguna pena; todo sucedió, dijo, por lo decidido más abajo en la cadena posterior de mando a su cargo, con la estrecha colaboración de las agencias del Estado como la CHJ que no dieron información del Poyo. Por eso su argumentación deja, de facto, al president valenciano fuera del escenario judicial.
Pero el precio a pagar por Salomé Pradas obliga a preguntarse por qué Carlos Mazón la nombró para gestionar un área de la que no tenía ni idea de cómo hacerlo. ¿Hay responsabilidad política por nombrar a personas incapaces de hacer su trabajo? La pregunta no es nueva, y remite a multitud de casos anteriores, y recientes, en todos los partidos, en todas las instituciones, en los que cargos políticos asumen competencias ejecutivas a riesgo de empeorar, por su desconocimiento y praxis, cualquier crisis. El precio a pagar por Salomé Pradas también remite al hecho de que, de forma regular, los políticos descarguen la responsabilidad de los errores en los funcionarios y en los técnicos, no es nuevo. Lo que, en lógica, provoca malestar entre aquellos que dedican su vida a la función pública y que siempre están sometidos a las decisiones políticas de los gestores de turno. Estemos atentos a lo que estos mismos funcionarios y técnicos declararán ante la jueza.
Al frente del equipo que debía adoptar decisiones para salvar vidas en la peor jornada vivida en Valencia en décadas había una mujer que nunca supo ni entendió cuál debía ser su papel en el momento más oscuro”
Salomé Pradas ha pagado un elevado precio por su salvación porque ha reconocido ante la jueza su ignorancia en la destreza que exigía el puesto de mando para el que fue elegida y ha culpado a sus subordinados de los errores de una gestión de la que ella, aunque quiera eludirlo, era la principal responsable. Veremos como avanza la instrucción, pero su declaración del viernes, al margen de la evolución judicial, la instala en la peor estética de la política y aumenta la desconfianza, y la indignación, entre los ciudadanos. Los mismos que observan con asombro que al frente del equipo que debía adoptar decisiones para salvar vidas en la peor jornada vivida en Valencia en décadas había una mujer que nunca supo ni entendió, como ella mismo ha dicho, cuál debía ser su papel en el momento más oscuro.
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