El Gobierno negocia con los grupos parlamentarios un nuevo texto con el que sacar adelante, cuanto antes, la regularización de cientos de miles de inmigrantes. La propuesta supone dar un nuevo impulso a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que llevaba un año estancada en el Congreso y que aspiraba a conceder permisos de residencia y trabajo hasta a 470.000 personas, según las organizaciones que la promovieron. La ILP, que nunca fue una apuesta del ala socialista del Gobierno, es ahora una prioridad porque servirá para corregir los agujeros que ha dejado el nuevo reglamento de extranjería y que pueden empujar a la irregularidad a miles de personas. El borrador del documento, que está sirviendo de punto de partida para la negociación, en la que se han implicado directamente varios ministros, propone que la regularización beneficie a los inmigrantes que se encuentren en España antes del 31 de diciembre de 2024.

El texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, aún está sujeto a cambios, pero representa una clara declaración de intenciones. A diferencia de la propuesta original de 2021, que hablaba abiertamente de una “regularización extraordinaria”, el nuevo documento evita ese término y opta por una fórmula más técnica: propone un “régimen transitorio, excepcional y limitado en el tiempo”. A pesar de esos matices, fuentes gubernamentales explican que la intención es que la medida beneficie al mayor número de personas posible y no se cierran a negociar la fecha.

El marco temporal, en cualquier caso, no significa que pueda aplicarse a todas las personas en situación irregular que estuviesen en España en ese momento. Habrá requisitos ―como los antecedentes penales, la situación de vulnerabilidad o la forma de demostrar la estancia en España― que también serán objeto de negociación. Tanto las condiciones como el procedimiento se recogerán en un real decreto que deberá aprobarse en un máximo de seis meses, una vez que la mayoría de diputados del Congreso respalde la iniciativa.

Pese a evitar referencias directas a la regularización, el texto justifica la necesidad de la medida. “Nuestro país, por su situación geográfica y la percepción de estabilidad, seguridad y prosperidad económica y social, constituye un objetivo de destino prioritario de los flujos migratorios [...] No acompasar de forma eficaz la evolución de los flujos humanos migrantes con el ámbito regulador puede generar situaciones de inseguridad o desprotección”, recoge la exposición de motivos.

También se reconocen las limitaciones del nuevo reglamento de extranjería, que entra en vigor este martes: “A pesar de que esta nueva reforma, que va a entrar en vigor el próximo 20 de mayo, mejora y flexibiliza los requisitos para que las personas extranjeras puedan obtener una autorización de residencia, existe un número importante de personas que no va a poder obtener esta autorización a pesar de permanecer en España durante mucho tiempo. Como, por ejemplo, personas que hayan desistido de su solicitud de protección internacional o personas con vulnerabilidad”.

La iniciativa llevaba meses en tiempo muerto, pero el PSOE, que llegó a defender que la UE no permitiría una regularización, la ha reactivado hace unos días y a un ritmo frenético. El motivo del acelerón, han explicado a EL PAÍS fuentes socialistas, es el interés del presidente Pedro Sánchez en medidas que afectan a los extranjeros, como la reciente regularización de 23.000 inmigrantes afectados por la dana que arrasó Valencia en octubre. La motivación no es solo la de sacar a un número importante de personas de la irregularidad, sino responder a las demandas de los empresarios que se quejan de forma recurrente de la falta de mano de obra. La voluntad del presidente coincide con que se buscaba una fórmula para enmendar los vacíos que dejaba el reglamento y no había muchas más opciones que esta.

El borrador comenzó a negociarse con Podemos en unas conversaciones en las que se han implicado varios pesos pesados del Gobierno. Y, según han ido pasando los días, se ha ido compartiendo con prácticamente todos los grupos políticos. Es previsible que los partidos más implicados en esta iniciativa (incluido Podemos, pero también Sumar) presionen justamente para ampliar el marco temporal que se aplicará.

Aunque oficialmente Sumar no ofrece detalles de la negociación, que comenzó a finales de la semana pasada con la parte socialista del Gobierno, fuentes parlamentarias del grupo confirman que la discrepancia fundamental está en la fecha límite para acogerse a la medida, informa Paula Chouza. El socio minoritario de la coalición quiere que como mínimo la regularización abarque hasta la aprobación del reglamento de extranjería, este mismo martes, aunque plantean que el mejor escenario sería la entrada en vigor de la propia ILP.

Además, Sumar quiere definir algunos de los criterios que serán la base para el real decreto con el que se marcarán los requisitos y el procedimiento. Las mismas fuentes ven positivo que el texto esté redactado de forma amplia y no imponga ya restricciones, en línea con la iniciativa presentada en su día por los colectivos sociales, pero quieren un compromiso del PSOE para que contemple determinadas condiciones.

También los promotores de la regularización tienen mucho interés en ese límite temporal. “Esa fecha [la del 31 de diciembre de 2024] está ya desfasada porque entre que se aprueba el trámite, que podría ser a finales de junio, más los seis meses que tienen para aprobar el real decreto que lo regulará... podemos estar hablando de que se ponga en marcha a finales de 2025 como mínimo”, afirma Victoria Canalla, del movimiento Regularización Ya. “La fecha debería ser la de su publicación en el BOE o la misma puesta en marcha de la reforma del Gobierno el 20 de mayo”, coincide. “Lo que pedimos es una reforma extraordinaria no un parche a una reforma”, concluye.

Todos ellos tendrán enfrente, probablemente, al PP que ya en las negociaciones anteriores defendió que esa fecha fuese anterior al 1 noviembre de 2021. Con esa condición se restringe notablemente el impacto de la medida porque los inmigrantes que llevan casi cuatro años en España han tenido ya varías vías para regularizarse.

La medida corre prisa. “Tenemos un problema si no sale”, reconocieron a EL PAÍS fuentes socialistas. “Y debería ser antes del verano. Después, todo —en referencia a la agenda política y parlamentaria— se complicará”. Está por ver cómo se posicionan ahora partidos que permitieron que la medida iniciase el trámite parlamentario, pero que, en realidad, no ven clara la regularización. El PP, fiel a su línea, no facilitará ninguna propuesta que parta del Gobierno, pero en este asunto afronta la presión de la Iglesia y de organizaciones como Cáritas, que han promovido la iniciativa. Tampoco está clara la postura del PNV, que durante el periodo de presentación de enmiendas insistió en vincular cualquier regularización a la existencia de contratos de trabajo. Ni la de Junts, en principio poco proclive a apoyar una medida de estas características, pero experto en condicionar su voto hasta el último minuto.

El proyecto para lanzar la ILP comenzó a concretarse en 2021 y tras la consecución de 600.000 firmas y el apoyo de 900 organizaciones, llegó al Congreso y el 9 de abril del año pasado salió adelante su tramitación parlamentaria con el único voto en contra de Vox. Fue un hito en democracia, teniendo en cuenta lo peliagudo del tema y el poco éxito que suelen tener las ILP en el hemiciclo. Durante este año, los grupos parlamentarios han presentado enmiendas, algunas contradictorias entre sí, y las negociaciones han avanzado muy lentamente. En esta fase de ponencia, con buena parte de las enmiendas ya desfasadas por el tiempo transcurrido, el objetivo ahora es acordar un nuevo texto que pueda llevarse al pleno para votación. Necesitará la mitad de los votos más uno.