La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública prepara una orden para regular el nuevo modelo por el que los funcionarios andaluces podrán promocionar a través de un concurso abierto y permanente. Se trata de una nueva fórmula de promoción interna que cambia ... el modelo anterior, plasmada en el decreto que desarrolla la Ley de Función Pública de Andalucía para adecuar los sistemas de acceso y provisión de puestos de la administración a las necesidades del siglo XXI.
El consejero José Antonio Nieto defendió el pasado 26 de marzo en el Parlamento andaluz que el sistema permitirá la promoción de los empleados públicos de forma «más ágil». Existirá una convocatoria única cada año que asegurará que haya al menos una serie de puestos ofertados y una resolución de adjudicación cada cuatro meses, según ha detallado la Junta.
Las plazas que se ofrezcan no se recogerán dentro de los procedimientos selectivos, en litigios o en modificaciones de Relaciones de Puestos de Trabajo. Podrán concursar los funcionarios que lleven al menos dos años en el mismo puesto y tras obtener un nuevo destino deberán permanecer un mínimo de dos años antes de volver a concursar.
Cada consejería asumirá la competencia para la convocatoria, tramitación y resolución de estos procesos. Con carácter excepcional, la primera convocatoria de este concurso abierto y permanente será simultánea para todos los órganos convocantes, permitiendo que los participantes ordenen sus preferencias. Para garantizar la estabilidad en los equipos de trabajo y evitar vacantes reiteradas, los puestos adjudicados serán irrenunciables, salvo en casos excepcionales regulados normativamente.
El sistema de promoción interna no es lo único que experimentará cambios. La Junta de Andalucía va a crear una comisión intersectorial que se encargará de la coordinación administrativa del empleo público dentro de su propia estructura administrativa. Entre sus funciones tendrá la de «evaluar las necesidades de formación y capacitación del personal, con el fin de mejorar la cualificación y la adecuación de los empleados públicos a las demandas de los servicios prestados a la ciudadanía». Esos informes que emita no serían, en cualquier caso, vinculantes. Asimismo, también pondrá en marcha una segunda comisión cuyo objetivo será, en este caso, coordinar la política de empleo público de las diferentes administraciones públicas de Andalucía.
El nuevo órgano velará por «optimizar la gestión de los procesos selectivos y de promoción, garantizando la igualdad de oportunidades, el mérito y la capacidad en el acceso a la función pública y desarrollará «estrategias para la reducción de la temporalidad en el empleo público, según las directrices marcadas tanto a nivel autonómico como estatal y europeo».
Con «carácter general» corresponderá a esta comisión de coordinación elaborar los estudios e informes en materia de empleo público en Andalucía que le sean solicitados.
Según indicaron a Europa Press desde la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, cuya Secretaría General para la Administración Pública ya trabaja en ambas comisiones. La primera de ellas, centrada en el propio ámbito de la Junta, focalizará su trabajo en «mejorar la coordinación en la planificación de los recursos humanos, asegurando que las políticas de empleo público se implementen de manera coherente en todo el ámbito administrativo», así como «promover la transparencia en los procesos» selectivos.
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