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Cannabis medicinal: Mulino deroga decreto de Cortizo y dicta nuevas reglas | La Prensa Panamá

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Key Changes in Panama's Medicinal Cannabis Regulations

Panama's President José Raúl Mulino signed Executive Decree 6 of April 4, 2025, which overhauls the regulations surrounding medical cannabis, replacing the 2022 decree. The new decree simplifies the process for doctors to prescribe cannabis, removing the previous requirement of mandatory training.

Challenges for Patients

However, the decree introduces stricter requirements for patients, including background checks and proof of parental rights, which critics argue adds unnecessary bureaucracy.

Increased bureaucratic hurdles for patients accessing medicinal cannabis.
Requirement of background checks and proof of parental rights for parents seeking cannabis for their children.

Controversial Vape Ban

The decree prohibits the use of vaporizers for consuming medical cannabis, despite a Supreme Court ruling against vape bans and the widespread use of vaporizers globally. This is seen as a contradiction and a significant obstacle for many patients.

Mixed Reactions

While some aspects are considered positive, such as the removal of mandatory training for prescribing physicians, the stricter requirements for patients and the vape ban remain contentious issues. Activists express concern over these aspects, highlighting the negative impact on patient access to medication.

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El Órgano Ejecutivo reglamentó la Ley 242 del 13 de octubre de 2021, que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis en Panamá, y derogó el decreto ejecutivo 121 de 2022, emitido durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024).

La nueva reglamentación está contenida en el decreto ejecutivo 6 del 4 de abril de 2025, firmado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, y el ministro de Salud, Federico Boyd. Este documento establece las condiciones y procedimientos para la producción, importación, comercialización y uso del cannabis con fines médicos y científicos en el país, y reemplaza la regulación anterior adoptada hace tres años.

El activista Carlos Ossa, uno de los principales impulsores del acceso al cannabis medicinal en Panamá, considera que el nuevo decreto introduce cambios positivos, pero también mantiene trabas innecesarias, sobre todo para los pacientes.

“En general me parece bien. No es que están haciendo un cambio total de la reglamentación anterior, creo que simplemente están explicando mejor ciertas áreas”, señaló Ossa en entrevista telefónica con La Prensa.

Uno de los ajustes que valora como positivo es la eliminación de la docencia obligatoria para médicos que quisieran recetar cannabis medicinal, un requisito que establecía el decreto anterior, de 2022.

“Eso iba a ser una traba en el proceso. Ahora cualquier médico idóneo, así como receta opioides, puede recetar cannabis. Eso me parece bien”, explicó.

Más trabas para los pacientes

Sin embargo, Ossa advierte que mientras se flexibiliza el proceso para los médicos, el decreto endurece los requisitos para los pacientes.

Por ejemplo, si una madre necesita cannabis medicinal para tratar a su hijo con epilepsia, debe presentar una serie de documentos, entre ellos un certificado judicial que acredite que no tiene antecedentes penales, así como demostrar que ejerce la patria potestad.

“Eso no hace sentido. Es burocracia que afecta la adquisición del medicamento al paciente”, cuestionó.

Prohibición de vapeo: una contradicción

Otro de los puntos que Ossa considera “incongruente” es que el nuevo decreto prohíbe expresamente que los pacientes usen vaporizadores para consumir cannabis medicinal.

“La Corte Suprema ya había declarado inconstitucional una prohibición al vapeo, y aquí lo repiten dos veces en el mismo artículo. Además, el 70% de los pacientes a nivel mundial usan vaporizadores. En Panamá vamos a prohibir lo que más se utiliza. No hace sentido”, reclamó.