El resto, unos 626,61 millones de euros, corresponde al ajuste que la institución acomete porque España no cumple con otro de los hitos clave del Plan de Recuperación: terminar con la elevada temporalidad de la Administración Pública. Una promesa que correspondía a la primera solicitud de pago y que ahora se revierte.

Pese a haber convertido en fijos a más de 365.000 trabajadores públicos eventuales -tras el mayor proceso de regularización de interinos de la historia- el Gobierno no ha logrado prácticamente rebajar la tasa de temporalidad pública, que se mantiene en tasas cercanas al 30%, es decir, más de tres veces por encima del 8% al que se había comprometido con Bruselas. Por ello, la Comisión Europea ha decidido suspender el pago de 626,61 millones de euros de la dotación total de este quinto desembolso, que España solicitó a finales del pasado año.

En un comunicado, Bruselas explica que el Gobierno español ha incumplido con «uno de los hitos clave» para completar los pagos, el número 144, por el que se comprometía a introducir medidas eficaces para reducir el empleo temporal en las administraciones públicas, lo que incluía disposiciones efectivas para prevenir y sancionar abusos, aplicables a todos los niveles de la administración, tanto central, como regional como local.

Para ello, el Gobierno aprobó un real decreto en 2021 con el que la Comisión se dio por satisfecha. Sin embargo, dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea publicadas el año pasado concluyeron que dichas medidas «no son suficientemente efectivas ni disuasorias contra el abuso de contratos temporales», una iniciativas que Bruselas tacha ahora de «ambiguas y abstractas». En particular, considera que no se garantiza una «compensación adecuada» para los afectados ni se otorga una «responsabilidad clara» a las administraciones infractoras.

Más allá de los interinos, la otra gran medida que se ha quedado en el camino es la de la subida del impuesto al diésel. La difícil aritmética parlamentaria para alcanzar un acuerdo sobre esta polémica tasa ya forzó al Gobierno a solicitar una prórroga a Bruselas para una medida cuyo plazo límite inicial el plazo límite se había fijado inicialmente para el 21 de marzo de 2025. Pero ni por esas.

Durante los últimos meses, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, había manifestado su intención de aprobarlo «lo antes posible». Pero las dificultades para el acuerdo se hicieron patentes desde marzo ante una compleja realidad en la que el impuesto a las energéticas —que finalmente decayó— ya era una línea roja para que los socios de coalición apoyasen la medida.

Según quedó definido en diciembre, el impuesto al diésel implica una subida de 9,36 céntimos por litro, que superaría los 11 euros si se aplica el IVA. Para el bolsillo del consumidor, podría suponer un alza de 5 euros de media para llenar el depósito. Para Hacienda, un incremento de la recaudación de unos 1.400 millones de euros anuales.

Por otro lado, también resta pendiente la validación completa del hito relativo a la digitalización de entidades regionales y locales. El grueso del hito está cumplido, si bien la Comisión ha pedido más tiempo para seguir trabajando en el análisis de parte de las evidencias presentadas, a fin de poder evaluar su cumplimiento completo.

Próximos pasos

«Los equipos técnicos de la Comisión y de España continúan trabajando de forma coordinada para completar su validación en los próximos meses», defendió el lunes el Ministerio de Hacienda en un comunicado. Pero no es la primera vez que España incumple con Bruselas y, como consecuencia, deja de percibir parte del dinero comprometido. Ya ocurrió con el cuarto pago, cuando el país se quedó sin 158 millones de euros -de un total de 10.000 millones- por no alcanzar los objetivos relacionados con el programa Kit Consulting y que la Comisión ha validado ahora.

Tras todos estos ajustes, y según datos del Ministerio de Hacienda, el desembolso total del quinto pago asciende a 24.137 millones de euros brutos (22.926 millones de euros netos, de los cuales 6.991 millones corresponden a transferencias y 15.935 millones a préstamos). «Estamos ante el mayor desembolso aprobado por la Comisión Europea a cualquier país desde que se puso en marcha el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en 2021», defendió el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

La evaluación positiva de Bruselas incluye 69 hitos y objetivos relacionados con transferencias (41 objetivos y 28 hitos) y 13 correspondientes a préstamos. Con este nuevo desembolso, España habrá recibido ya cerca de 55.000 millones de euros en transferencias, lo que representa el 70% del total previsto y sitúa al país como el primero de la UE en volumen de fondos no reembolsables recibidos, por delante de Italia y Francia.