La coalición soberanista mueve ficha en un momento en el que el euskera está regresando al centro de la agenda política. Este mismo lunes el lehendakari, Imanol Pradales, anunciaba que de aquí a 2027 buscará un «gran acuerdo» para la revitalización de la lengua y, a corto plazo, llamaba a los partidos a consensuar «soluciones» ante la treintena de fallos judiciales que han invalidado la exigencia en plazas de ayuntamientos y diputaciones. Su partido, el PNV, quiere activar incluso reformas legales para blindar esos requisitos, pero su socio de gobierno, el PSE-EE, se muestra cuando menos reacio.

En esas divergencias viene hurgando las últimas semanas EH Bildu, que ya llevó mociones al Parlamento vasco y a las Juntas Generales en las que se constató la incomodidad de un PNV abocado a hacer equilibrios. Ahora la coalición soberanista eleva su apuesta y lo que ha registrado este mismo martes en la Cámara autonómica es una proposición para modificar la Ley de Empleo Público Vasco, aprobada en 2022. Se trataría, según sus promotores, de una «reforma estructural» para «devolver seguridad jurídica al sistema» y «ofrecer una salida política y técnica que recupere el equilibrio y la legitimidad democrática» del modelo de perfiles lingüísticos.

La propuesta del grupo de Pello Otxandiano supondría un cambio de paradigma. En el sistema actual, la exigencia del euskera se aplica sólo a aquellas plazas previamente determinadas por la administración correspondiente y en función de la realidad sociolingüística de cada lugar. Con el planteamiento de EH Bildu, en cambio, se partiría del principio inverso: «La exigencia del conocimiento de ambas lenguas (también el castellano) sería general, pudiendo exceptuarse, de forma justificada y objetiva, aquellas plazas determinadas por los poderes públicos». Aun así, en esos casos siempre se valoraría el euskera como mérito.

¿Cuáles serían esas excepciones? Según la iniciativa, las administraciones podrían «inaplicar o aplazar» la regla general «atendiendo a las circunstancias sociolingüísticas del ámbito geográfico correspondiente o a los criterios definidos en sus instrumentos de planificación lingüística». Esto es, la norma general se podría levantar para puestos de trabajo concretos en zonas donde el uso y conocimiento del euskera es menor. En la actualidad existe un índice de preceptividad que marca el porcentaje de las plazas que deben tener el euskera como requisito en función de la realidad del entorno.