Las hipótesis de un ajuste de cuentas relacionado con un asunto turbio o la del asesinato cometido por sicarios parecen descartadas tras una ardua investigación de la Guardia Civil. Los agentes del Grupo de Homicidios han tomado declaración a varios familiares y amigos de Torró para averiguar si tenía enemigos o socios que desearan su muerte. También investigaron a personas que podrían obtener algún beneficio tras el crimen, pero las pesquisas y los interrogatorios no han arrojado luz sobre estas posibilidades.

El político había acudido tres veces, al menos, a una comisaría de la Policía Nacional para denunciar las amenazas que había recibido, tenía problemas económicos y había pedido dinero a amigos y conocidos para intentar reflotar algunos de sus negocios.

Otra línea de investigación descartada sería un posible móvil económico relacionado con un seguro de vida de un millón de euros que el exalcalde de Gandia contrató hace tiempo. Un familiar de la víctima confirmó a LAS PROVINCIAS que prestó declaración ante la Guardia Civil para aclarar algunas circunstancias particulares de este asunto.

Tras conocer la existencia del documento justificativo del contrato del seguro y la cuantía económica, los investigadores centraron sus pesquisas en los siete beneficiarios del dinero, pero tampoco hallaron ningún indicio sospechoso.

El crimen tuvo lugar sobre las 20 horas del 19 de febrero en el punto kilométrico 37 de la A-38, en el término municipal de Xeresa, muy cerca de su domicilio familiar. La víctima murió tras recibir un único disparo en el pecho durante un forcejeo.

Aunque la Guardia Civil sospechaba en un principio que el asesino pudo seguir al político durante varios días y planificar el crimen, no parece obra de un sicario debido a la pistola de pequeño calibre utilizada, un arma que no suelen emplear los asesinos profesionales.

La hipótesis de que sufriera una emboscada en plena carretera es la explicación que encuentran al lugar donde dispararon al político: un sitio apartado donde no había testigos junto a la cuneta de la autovía A-38.

Sin embargo, los familiares de Torró y la Guardia Civil no descartan que sufriera un asalto por delincuentes, uno de ellos armado con una pistola, y que el político hubiera recibido el disparo durante un enfrentamiento con los ladrones.

El aviso de presión baja en los neumáticos, con la luz que indica esta incidencia en el panel electrónico del salpicadero, habría obligado a Torró a detener el coche en el arcén cuando hablaba por teléfono con un amigo. Sin embargo, las cuatro ruedas estaban infladas cuando la mujer de Torró localizó el vehículo sobre las diez y media de la noche. El Mercedes C Coupé 220 de color rojo llevaba unas dos horas parado en el arcén.

Las escoriaciones que la víctima tenía en el cuello refuerzan la hipótesis del forcejeo. El cadáver se encontraba a escasos metros del Mercedes, por lo que la Guardia Civil cree que el autor o los autores del crimen sacaron a la víctima del vehículo y le dispararon a corta distancia. El exalcalde presentaba un único tiro en el tórax a la altura del corazón, con orificio de entrada pero no de salida, que recibió cuando intentó huir o durante un enfrentamiento cuerpo a cuerpo.

Las irritaciones en la piel eran muy leves y no corresponden a signos de estrangulamiento, ya que el forense no apreció las lesiones internas que provocan la asfixia mecánica por sofocación. Según el informe de la autopsia, la herida por arma de fuego con afectación al corazón causó la muerte del político, y las escoriaciones pudo causarlas el asesino cuando se abalanzó sobre Torró y lo cogió del cuello para inmovilizarlo antes del disparo.

Tras una minuciosa inspección en la escena del crimen, los agentes de la Guardia Civil encontraron el casquillo de una bala de pequeño calibre, que fue analizada en el laboratorio del Departamento de Balística para comprobar si el arma ha sido utilizada en otros crímenes o delitos violentos. Además, los investigadores han solicitado a Mercedes Benz los datos de geolocalización del coche para conocer el itinerario que siguió la víctima el día del crimen.

Torró habría pedido dinero a conocidos, amigos y antiguos compañeros del Partido Popular para afrontar sus deudas. Tras ser condenado en 2023 a tres años y medio de prisión y seis años y medio de inhabilitación por el conocido como caso Tele 7, el exalcalde debía pagar casi 300.000 euros como indemnización por desviar ayudas municipales.

Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, el político cometió un delito de malversación por la adjudicación de los servicios de comunicación audiovisual del Ayuntamiento cuando era alcalde de Gandia entre los años 2011 y 2015.