El 23 de mayo de 2019, José Matías Guevara, un joven trans de solo 15 años, murió por suicidio tras vivir hostigamiento sistemático en su liceo y no recibir respuesta oportuna de las autoridades escolares. El caso se repite de manera similar durante 2023, esta vez lamentablemente bajo el nombre de Renato Díaz Suazo, un adolescente de 14 años que también se quitó la vida luego de sufrir acoso transfóbico en su colegio. Estos no son hechos aislados. Son la muestra de un problema estructural que el Estado ha sido incapaz —o ha decidido no— enfrentar.

La historia de José Matías impulsó el proyecto de ley que lleva su nombre, aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados en 2022 con amplio respaldo y patrocinio del Ministerio de Educación. Su objetivo era reforzar la normativa sobre convivencia escolar, asegurar el respeto a la identidad de género y establecer mecanismos de protección ante situaciones de violencia y discriminación. Sin embargo, una vez en el Senado, el proyecto quedó congelado. A pesar de las promesas, la voluntad política se diluyó.

A pesar de todos los avances comprometidos, las fotos del Ministro Nicolás Cataldo junto a la familia de José Matías y organizaciones de la diversidad sexual han quedado como gestos vacíos. Hoy, las prioridades del Ministerio parecen estar en otros temas, mientras la salud mental de las niñeces LGBT+ sigue relegada.

El nuevo proyecto de ley de convivencia escolar, que recoge los principios del proyecto José Matías, ha avanzado en su discusión legislativa. No obstante, enfrenta presiones para excluir artículos claves sobre diversidad e identidad de género. Ingrid Bohn, vocera del grupo “Con mis hijos no te metas”, afirmó públicamente que el propio ministro le prometió no reponer el artículo que menciona el respeto y reconocimiento a las identidades sexoafectivas y de género, argumentando que era una norma “ideológica”. Que el reconocimiento de la identidad de niñas, niños y adolescentes trans sea tratado como una ideología es una señal preocupante, especialmente cuando la Defensoría de la Niñez ha reiterado la importancia de este tipo de medidas para proteger su bienestar y seguridad.

Resulta alarmante que este informe haya sido aprobado no solo por votos mayormente de derecha (aunque no todos los parlamentarios de derecha votaron a favor del informe), sino que con la complicidad de parte importante del progresismo, que se ausentó de la votación en sala en ese momento. La niñez trans parece ser prioridad solo cuando conviene electoralmente.

Incluso parlamentarias que han hecho de su identidad un estandarte de apoyo a las disidencias, como la diputada Pamela Jiles —quien durante años se ha presentado públicamente como “abuela queer”—, votaron en contra de las garantías de salud y bienestar para las personas trans. Las acciones hablan más fuerte que las palabras.

No hay política de salud mental adolescente que funcione si no incluye un enfoque interseccional y de género. No hay verdadera política educativa sin un compromiso explícito con la no discriminación. El Gobierno aún está a tiempo de actuar con coherencia y valentía, respaldando decididamente el proyecto de ley de convivencia escolar. Que este proyecto avance, sin concesiones a discursos conservadores, es una necesidad urgente.

Recordar a José Matías es un acto de memoria, pero también una exigencia. Su muerte no fue inevitable. Fue resultado directo de un Estado que decidió no cuidarlo. Las escuelas no pueden seguir siendo espacios de riesgo para la vida las niñeces trans.