Simons indicó que los sorprendió el anuncio del 13 de abril, cuando se comunicó al mercado que Telefónica Hispanoamérica —propietaria de las acciones de Telefónica del Perú (TdP)— transfirió la totalidad de su participación a la empresa Integra TecInternational (vinculado al fondo argentino Integra Capital) por apenas US$ 1 millón. Según señaló, esta operación se realizó sin informar previamente a los acreedores, a pesar de que cualquier decisión sobre el futuro de la compañía debía ser evaluada por la Junta de Acreedores de TdP.

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“A raíz de esta transferencia, los bonistas decidieron, en resguardo del valor real de la compañía, acudir al Poder Judicial con una demanda de amparo, presentada el 16 de abril ante el Décimo Primer Juzgado Constitucional Permanente de Lima, la cual fue admitida a trámite el pasado 5 de mayo”, explicó. Con esta medida judicial se busca que Telefónica Hispanoamérica se abstenga de transferir las acciones de TdP y que se deje sin efecto el proceso de venta que se concretó, en opinión del representante legal de los acreedores, por un precio irrisorio, de manera irregular y constituyendo un abuso del derecho de transferencia de acciones.

¿Qué alegan los bonista en su demanda judicial?

Al respecto, el jurista subrayó que la demanda de amparo busca proteger diversos derechos que “han sido vulnerados con la transferencia de acciones de la empresa”. En primer lugar, se solicita al juzgado constitucional que declare que Telefónica Hispanoamérica ejerció de forma abusiva su derecho de transferir acciones. Si bien este derecho le asiste como accionista mayoritario, el representante legal de los acreedores alega que dicho ejercicio fue desproporcionado y perjudicial para terceros, específicamente para los tenedores de bonos corporativos emitidos en 2019.

El cuestionamiento principal recae sobre la empresa compradora, Integra TecInternational. “Esta fue constituida apenas un mes antes de la transacción en Panamá, con un capital social de solo US$ 10,000 y dos ciudadanos panameños como accionistas. Además, su objeto social no está vinculado a las telecomunicaciones, sino a actividades financieras, lo que genera dudas sobre su capacidad para operar una empresa del tamaño e importancia de Telefónica del Perú”, argumentó.

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Según el abogado, Telefónica Hispanoamérica aprovechó un vacío temporal generado entre la comunicación del inicio del procedimiento concursal ordinario (inicialmente presentado) y su admisión formal por parte del Indecopi, para concretar la venta de forma sorpresiva. La operación fue comunicada al mercado el domingo 13 de abril, en lo que calificó como “un intento de eludir la formación de una junta de acreedores”.

El segundo eje de la demanda, acotó, es la protección del derecho de propiedad, ya que la transferencia podría poner en riesgo la posibilidad de recuperar los bonos adquiridos. Finalmente, el recurso está solicitando la intervención de la justicia constitucional en protección de los consumidores “al advertir que la empresa compradora no tiene la capacidad técnica ni operativa para gestionar una empresa de telecomunicaciones”.

En concreto: el objetivo principal del amparo es evitar que se afecten los derechos de los acreedores y asegurar que cualquier decisión sobre el futuro de Telefónica del Perú sea tomada por una Junta de Acreedores debidamente conformada. Para ello, se ha solicitado al juez que la transferencia de acciones no tenga efectos hasta que dicha junta sea instalada. También se ha pedido que Telefónica Hispanoamérica se abstenga de perfeccionar la operación, y que se suspenda la formalización de la venta en resguardo de los más de 13 millones de usuarios que dependen del servicio de la empresa.

El jurista consideró que la sentencia de primera instancia podría tardar hasta un año, dado que se debe respetar el derecho a la defensa de las partes involucradas. También advirtió que si el Indecopi llegara a admitir el procedimiento concursal preventivo —para lo cual tiene plazo hasta septiembre— no se conformaría una Junta de Acreedores, lo que dejaría a los principales bonistas, como las AFP, fuera de las decisiones clave sobre el futuro de la empresa. “Lo que buscan es mantener el control sin pagar, desplazando a los acreedores”, afirmó.

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Ante esta posibilidad, adelantó que se opondrán legalmente al proceso ante Indecopi, aunque prefirió no revelar la estrategia jurídica que usarán de ser admitida.

Clave

• Los bonitas involucrados: La demanda de amparo contra Telefónica Hispanoamérica fue presentada por un grupo de acreedores institucionales, entre ellos Profuturo AFP, AFP Integra, Prima AFP, Moneda Administradora General de Fondos, Rimac Seguros y Reaseguros, Interseguro Compañía de Seguros, Pacífico Seguros y La Positiva Seguros y Reaseguros. Todas estas entidades son tenedoras de bonos emitidos por Telefónica del Perú.
• Fecha de audiencia: Se ha fijado audiencia única para el 26 de marzo de 2026 a las 10:00 a.m., la cual se realizará de forma virtual.
• Descargos: El juzgado ordenó correr traslado de la demanda y sus anexos a la parte demandada, Telefónica Hispanoamérica, otorgándole un plazo de diez días hábiles para responder.