El Ministerio de Defensa justifica en la falta de alternativa técnica los grandes contratos de armamento de las Fuerzas Armadas españolas con tecnología militar de Israel, por lo que no tiene intención de cancelarlos, al contrario de lo que ha hecho el Ministerio de Interior con la compra de 15 millones de balas para la Guardia Civil. Ese es el caso del lanzacohetes de alta movilidad Silam, por 576,4 millones; la compra de 168 misiles contracarro Spike LR2, por 237 millones; o el designador láser (POD) para cazas de combate por 207,4 millones. Además, Defensa argumenta que las empresas adjudicatarias de estos contratos no son israelíes sino españolas, aunque en ocasiones se trata de meras intermediarias.

El desarrollo del Silam se ha adjudicado a las compañías Escribano (EM&E) y Expal, propiedad de la alemana a Rheinmettall, que utiliza tecnología de la israelí Elbit, “hoy día no sustituible”, según Defensa; mientras que la compra de los misiles se ha encargado a la firma Pap Tecnos, representante en España de la israelí Rafael, también irreemplazable, para Defensa. Estos dos contratos están todavía pendientes de formalización, al contrario que los designadores láser, que se compraron directamente a Rafael. Cuando se adjudicó este último programa, en abril del año pasado, la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material alegó que la empresa israelí era “la única capacitada técnicamente para el desarrollo del proyecto desde el punto de vista técnico y se han negociado mejoras de interés”.

Por el contrario, el Ministerio de Defensa paralizó el 26 de noviembre pasado la adquisición del programador M339 Setter para la espoleta de 120 milímetros, tras comprobar que la empresa que podía resultar adjudicataria era la israelí IMI Systems LTD y no se formalizó ningún contrato, según el departamento que dirige Margarita Robles.

Fuentes de La Moncloa aseguran que los procesos de compra que siguen abiertos se iniciaron antes del 7 de octubre de 2023, fecha del ataque terrorista de Hamás que desencadenó la actual ofensiva sobre Gaza, que ya se ha cobrado más de 51.000 vidas, la mayor parte de mujeres y niños, y agrega que “los que sean de armamento no se van a ejecutar”.

Esta última declaración de intenciones podría llegar a afectar a los contratos de los misiles Spike y el Silam, cuya continuidad defiende Defensa, y se ha plasmado ya en la suspensión de la compra de 15 millones de balas de calibre 9 milímetros Parabellum para la Guardia Civil, a la compañía IMI Systems LTD. El presidente Pedro Sánchez ha ordenado cancelar la adjudicación, realizada el pasado 16 de abril, en plena Semana Santa, ante las protestas de su socio de coalición de gobierno, Sumar. Según fuentes de La Moncloa, la junta interministerial que controla el comercio internacional del material de defensa y doble uso denegará el permiso de importación de la munición, alegando razones de interés general, y el Ministerio del Interior rescindirá el contrato. La compañía israelí ha amenazado con llevar el conflicto a los tribunales y la Abogacía del Estado ya prepara la respuesta.

España ha adjudicado 46 contratos a la industria militar israelí por un valor global de 1.044.558.955 euros desde el inicio de la escalada bélica en Oriente Próximo, según un estudio del Centro Delàs de Investigaciones para la Paz basado en los datos publicados por la Plataforma de Contratación del Estado. Diez de estos contratos, por valor de unos 817 millones de euros, aún no se han formalizado, por lo que el centro de estudios ha pedido que se cancelen.

La compañía que figura con más contratos en el listado es Guardian Homeland Security, con 19, aunque en conjunto suponen poco más de tres millones, mientras que las ocho adjudicaciones a las distintas divisiones del grupo Elbit, alguno sin formalizar, suman 581,6 millones. En varias de las adjudicaciones se alega que “el contrato solo puede ser ejecutado por un operador económico particular debido a la ausencia de competencia por razones técnicas”.

Muchos de estos expedientes tienen como objetivo el mantenimiento de equipos que ya están en servicio en las Fuerzas Armadas españolas, como los sistemas de radioenlace, por 3,7 millones, contratado en enero del año pasado; los repuestos para el mortero embarcado Cardom, por 496.000 euros, de noviembre de 2024, adjudicados ambos al grupo Elbit, o la estación de armas Mini Samson del blindado RG-31, en agosto del año pasado, por 289.256 euros, a cargo de Pap Tecnos. Pero también hay nuevas adquisiciones que, según advierte el centro Delás, pueden aumentar la dependencia española de la industria militar israelí al generar futuros contratos de mantenimiento y modernización.

Aunque la mayoría de las adjudicaciones corresponden al Ministerio de Defensa (el Ejército de Tierra, la Armada, las bases aéreas de Zaragoza y Morón o la UME), en el listado aparecen otras administraciones. Además del Ministerio del Interior, con contratos para la Guardia Civil y la Policía Nacional, figuran organismos del Estado como los puertos de Tarragona y Huelva, dependientes del Ministerio de Transportes y Movilidad; e incluso entidades locales, como las policías municipales de los ayuntamientos de Avilés (Asturias) y Ourense; gobernados por el PSOE e IU, el primero, y por Democracia Ourensana, el segundo.

Muchos de los contratos corresponden a cámaras de vigilancia, visores nocturnos, chalecos antibalísticos o sistemas portátiles de radiografía. Se da la circunstancia de que la empresa Elbit es el socio tecnológico del programa de la nueva radio táctica del Ejército de Tierra SCRT, dotado con 350 millones de euros, según el plan aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros para llegar este año al 2% del PIB en gasto militar. En el astillero de Navantia en Ferrol (A Coruña), donde ha asistido este viernes al corte de chapa de la fragata F-112 (la tercera de la nueva serie F-110), la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha expresado el compromiso de su departamento con la generación de empleo asociada a la industria de defensa. Fuentes de su departamento subrayan que la construcción de los cinco nuevos buques generará 1.300 empleos directos y casi 6.000 indirectos.

El Gobierno israelí ha reaccionado con dureza ante la cancelación del contrato para suministrar 15 millones de balas a la Guardia Civil. “Israel condena firmemente la decisión del Gobierno español de romper unilateralmente un contrato firmado con la empresa IMI Systems y su anuncio de que se abstendrá de futuros acuerdos de defensa con empresas israelíes”, declaró el jueves un portavoz del Ministerio de Exteriores. “El Gobierno español está sacrificando consideraciones de seguridad por fines políticos y sigue situándose del lado equivocado de la historia contra el Estado judío que está defendiéndose de ataques terroristas en siete frentes”, añadió. Israel mantiene vacante su Embajada en Madrid desde mayo del año pasado, cuando llamó a consultas a su embajadora en protesta por el reconocimiento del Estado palestino por parte del Gobierno español.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, no ha contestado directamente a Israel pero, a través de la red social X, ha vuelto a reclamar este viernes el cese de los ataques israelíes. “Las operaciones militares de Israel siguen provocando muerte en Gaza y Cisjordania. Miles de civiles, mujeres, niños, trabajadores humanitarios. La entrada de ayuda humanitaria tiene que ser inmediata. Exijo el acceso a alimentos y medicamentos”, ha escrito. “Por la más elemental humanidad, hay que poner fin a la guerra y lograr la solución de dos estados. No nos resignamos a la violencia. La paz es posible. El alto el fuego permanente y la liberación de los rehenes no pueden demorarse”, ha añadido.